España necesita una reforma para aumentar y mejorar la eficacia judicial

La acumulación de causas en los tribunales y los retrasos que provoca esa enorme carga de trabajo constituyen un serio problema en la justicia española y uno de las principales obstáculos para garantizar la tutela judicial efectiva del ciudadano, que no solo tiene derecho a acceder a los tribunales, sino también a que estos resuelvan su causa en un plazo razonable. Al retraso en la tramitación de los expedientes, hay que sumar también los fallos y la lentitud en la ejecución de las sentencias, lo que contribuye a agravar una situación que tiene su reflejo también y muy directamente en el tráfico comercial y la actividad económica. Según se desprende de un estudio elaborado por Sigma Dos y presentado ayer por el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), la tasa de éxito en la resolución de sentencias ejecutadas en España es solo del 25,4%, lo que sitúa a nuestro país a la cola de Europa. Si se estima que el 60% del total de sentencias civiles tramitadas son de ejecución dineraria, el informe concluye que podríamos estar hablando de un montante que en 2019 ascendió a 14.400 millones de euros. Ello supone que 10.743 millones de euros –el 75% del total– habrían permanecido depositados en los tribunales ese año a la espera de ser ejecutados, y, por lo tanto, fuera del tráfico económico.

Desde el Consejo General de Procuradores se señala como una de las grandes causas del problema la propia organización del sistema judicial, en la que no existe un único profesional encargado de dirigir la ejecución de las sentencias, tal y como ocurre en otros países europeos, una competencia que los procuradores consideran que podrían asumir y desarrollar. El cuerpo alude además a la escasez de medios tecnológicos para poder realizar esa función en contraste con sistemas judiciales, como los de Bélgica, Países Bajos o Hungría.

Más allá del debate sobre la mejor forma de abordar el problema, los datos sobre ejecuciones fallidas o directamente no realizadas constituyen una muestra flagrante de la necesidad que tiene España de realizar una reforma de la administración de justicia bajo criterios de calidad, eficiencia y racionalidad. El aumento exponencial de la litigiosidad que se ha vivido en los últimos años junto a la escasez de medios suficientes para hacer frente a esa demanda exige una seria reflexión sobre cómo mejorar y agilizar el funcionamiento de los tribunales. No en vano la seguridad jurídica, que tiene un valor incalculable para la estabilidad social y la prosperidad económica de un país y constituye uno de los grandes pilares del estado de Derecho, no solo depende de la calidad y claridad de las leyes, sino también de la capacidad de los tribunales y profesionales de la justicia para aplicarlas y tutelar su cumplimiento.