Los empresarios se anticipan al Gobierno y proponen su gran reforma fiscal basada en rebajas de impuestos

Consideran que no es el momento de subir impuestos, proponen rebajas en Sociedades, IRPF, cotizaciones sociales y una simplificación en la gestión del IVA de las pymes

El IEE advierte que subir los impuestos frenará el PIB y destruirá 1 millón de empleos

Íñigo Fernández de Mesa,presidente del Instituto de Estudios Económicos (en el centro), Pilarm González de Frutos, presiden ta de la Comisión Fiscal de CEOE y Gregorio Izquierdo, Director General del IEE.
Íñigo Fernández de Mesa,presidente del Instituto de Estudios Económicos (en el centro), Pilarm González de Frutos, presiden ta de la Comisión Fiscal de CEOE y Gregorio Izquierdo, Director General del IEE.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado su propuesta para reformar la fiscalidad en España con una premisa de partida meridianamente clara, conseguir un sistema fiscal eficiente y competitivo que asegure la prosperidad y el bienestar del país.

El denominado Libro blanco de reforma fiscal, que cuenta con más de 800 páginas y la colaboración de cerca de 60 expertos en fiscalidad, se recogen las medidas que los empresarios consideran fundamentales para conseguir los niveles de recaudación necesarios par financiar los servicios públicos, fortaleciendo el crecimiento y el empleo.

Esto no quiere decir que hoy por hoy sea necesario subir impuestos, sino más al contrario, ya que este incremento de la presión fiscal podría ser en estos momentos el detonante para frenar la actividad y el empleo.

El estudio recoge que una subida de la presión fiscal de 3 puntos de PIB podría suponer a medio y largo plazo una pérdida de renta del orden de 5 puntos de PIB y una destrucción de un millón de empleos.

El IEE argumenta que en España la presión fiscal, según datos de Eurostat, experimentó un importante incremento en 2020, a solo 3,8 puntos del promedio de la UE, esperándose que este diferencial ha seguido reduciéndose en 2021.

El pasado ejercicio, el PIB aumentará en torno al 7,2%, mientras que la recaudación tributaria lo hará a más del 15%, por lo que la presión fiscal se aproximará a los niveles cercanos al 41% de la media europea. En opinión del think tank empresarial, el problema no es la presión fiscal recaudatoria, sino la presencia de una economía sumergida que elude sus obligaciones tributarias. De aflorarse esta economía sumergida, la presión fiscal en España se situaría en el 44,5% frente al 45% de la media de la UE.

Armonización fiscal

Otro de los puntos de debate que el informe pone encima de la mesa es el de la armonización fiscal. El IEE rechaza cambios en los modelos tributarios de las comunidades autónomas, un punto que está abordando el grupo de expertos del Ministerio de Hacienda para elaborar su reforma.

La armonización, defienden los empresarios, iría en contra de la corresponsabilidad fiscal, elemento clave y legitimador del Estado de la autonomías, recogido además en el vigente modelo de financiación autonómico, así como un elemento de mejora de la eficiencia de los servicios públicos.
Precisamente un estudio de CEIM pone cifras a esta pérdida de corresponsabilidad. En el caso concreto de Madrid, de una contracción del PIB regional de un 2%, lo que supone medio punto porcentual en el PIB nacional.

El IEE considera que aún queda mucho por hacer para ganar eficiencia en el gasto, antes de proceder a subidas impositivas. Este ajuste en el gasto sería menos dañino y serviría para liberar recursos que, utilizados por el sector privado, generarían más beneficios a medio y largo plazo.

La propuesta empresarial también contempla la reducción de las cotizaciones sociales empresariales, por considerarlas excesivas frente a los países de nuestro entorno.

En España, según recoge este informe, las empresas tienen un tipo de cotización del 31,13%, frente a una media en la Unión Europea del 22,2%.

Abogan a favor de la eliminación del impuesto sobre el patrimonio que, en su opinión, constituye una “excepción en el derecho comparado y que ha sido suprimido en la mayoría de los países por sus efectos nocivos sobre la economía”.

De mantenerse, debe establecerse un escudo fiscal, por el que nunca se tribute
más de un 50% de la renta como suma de las cuotas de renta y patrimonio, por entender, de ser así, que tendría carácter confiscatorio.

El impuesto sobre sucesiones es otro de los tributos que habría que reformar, en este caso mediante el establecimiento de un tipo máximo del 15% de gravamen para “garantizar el contenido esencial del derecho constitucional a la propiedad y a la herencia y adecuarlo a lo que rige en Europa”.

Estas son las principales propuestas y medidas para la reforma fiscal que proponen:

Impuesto sobre Sociedades

- Corregir al 100% la doble imposición de los dividendos.

- Se deben revertir los ajustes artificiales introducidos en la base imponible que obligan a tributar muy por encima del resultado contable. En concreto se deben evitar las actuales limitaciones a la deducción de gastos financieros, las limitaciones a compensación de bases imponibles negativas y la prohibición de deducir determinados deterioros de activos de inmovilizado o de cartera.

- Adicionalmente es necesario permitir la compensación retroactiva de bases imponibles negativas, al menos de manera temporal en escenarios de crisis económica.

- Los pagos a cuenta deben establecerse de forma que en ningún caso excedan de la cuota definitiva a pagar.

- La deducción fiscal por I+D+i debe potenciarse y corregirse la falta de seguridad jurídica que viene perjudicando gravemente el aprovechamiento de la deducción.

- Sobre el establecimiento de un tipo mínimo de gravamen, no es conveniente adelantarse a las iniciativas internacionales sobre la materia que actualmente se están impulsando.

Cotizaciones sociales

- Es imprescindible reducir las cotizaciones sociales empresariales siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. En España, las empresas tienen un tipo de cotización del 31,13%, frente a una media en la Unión Europea del 22,2%.

Impuesto sobre la Renta

- Elevar los límites a partir de los cuales se aplican los actuales tipos marginales para adecuarlos a las prácticas habituales en nuestro entorno de la UE. En ningún caso, deben establecerse tipos marginales superiores al 50%.

- Tributación menor para la totalidad de rendimientos del ahorro, situando la tributación máxima por debajo del 20%.

- Revertir la reducción de los límites para las aportaciones a planes de pensiones y sistemas de previsión social introducidas en las leyes de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021 y 2022.

- Se debe apostar por la corresponsabilidad fiscal de todas las Comunidades Autónomas y no sólo las de régimen foral.

- Eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio que constituye una excepción en el derecho comparado y que ha sido suprimido en la mayoría de los países por sus efectos nocivos sobre la economía. En el caso de mantenerse el Impuesto sobre Patrimonio debe establecerse un escudo fiscal, por el que nunca se tribute más de un 50% de la renta como suma de las cuotas de renta y patrimonio.

- Adecuar el Impuesto sobre Sucesiones para garantizar el contenido esencial del derecho constitucional a la propiedad y a la herencia y adecuarlo a lo que rige en Europa se debería establecer un tipo máximo del 15% de gravamen.

- Mejorar el régimen específico de la empresa familiar. Fiscalidad medioambiental.

Fiscalidad medioambiental

- El establecimiento de un tributo medioambiental no puede dar lugar a supuestos de doble imposición, por lo que no deben configurarse nuevos hechos imponibles análogos o similares a los de otros tributos vigentes, respetándose siempre el marco tributario preexistente.

- Cualquier iniciativa tributaria de carácter medioambiental deberá estar sometida con carácter previo a su aprobación, a trámite de información pública a las organizaciones empresariales más representativas

- La fiscalidad medioambiental no debe tener como principal finalidad la recaudación, sino reducir las prácticas contaminantes

- Los tributos medioambientales no deberían gravar actividades que perjudiquen el medio ambiente en la medida en que los daños resulten cubiertos o permitidos por otros instrumentos (cánones, derechos, permisos, sanciones, etc).

Tributación de la economía digitalizada

- El diseño de unas nuevas reglas de tributación internacional que cubran la realidad de las nuevas formas de negocio surgidas con la economía está siendo considerado en un ámbito supranacional (Unión Europea y OCDE), por lo que anticipar decisiones por parte de nuestro país fuera de un marco internacional más amplio agrava los riesgos de deslocalización y dificulta los procesos de inversión.

- Es un error la introducción unilateralmente en nuestro país un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que, en su redacción actual, grava también servicios que han tributado íntegramente en España en concepto de Impuesto sobre Sociedades por lo que se produce un claro supuesto de doble imposición económica.

Fiscalidad de las actividades económicas emergentes

- Establecer tipos impositivos reducidos e incentivos fiscales a la actividad emprendedora durante los primeros ejercicios de actividad, especialmente cuando los beneficios obtenidos por dicha actividad sean reinvertidos en la misma

- Eliminar los obstáculos estructurales que dificultan el crecimiento empresarial, en especial los relativos a diferencias en la tributación, costes de cumplimiento o diferentes niveles de exigencia en la supervisión del cumplimiento tributario.

- Habilitar un marco competitivo de incentivos fiscales a la financiación de las actividades emprendedoras.

Impuesto sobre el Valor Añadido

- Las obligaciones impuestas a las pymes en relación con el IVA deben simplificarse. El régimen de franquicias del IVA por el que no se hace declaración, se debería establecer ya a corto plazo con un umbral mínimo a los 50.000 euros.

- Debe facilitarse la recuperación del IVA de las facturas impagadas.

Imposición local

- En el IBI, el valor catastral, que es su base imponible, debe acomodarse a la realidad inmobiliaria actual de una forma dinámica, para que nunca supere la referencia del 50% del valor estimado de mercado.

- En el Impuesto sobre Actividades Económicas. Es necesario ampliar el límite actual para las personas jurídicas exentas de este tributo. La cifra actual de 1 millón de euros del importe neto de su cifra de negocios debería elevarse hasta los 5 millones de euros.

- En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se deben clarificar los elementos que entran en la base del impuesto, evitando incluir en la misma los elementos, equipos e instalaciones que sean consustanciales a la realización y destino o función de la construcción, instalación u obra de la que se trate.

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