Los letrados de justicia van a la huelga para forzar una subida salarial

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia dice basta y rechaza la última oferta del Ministerio

Letrados de la Administración de Justicia, este martes ante la Ciutat de la Justícia (Barcelona) en 2018.
Letrados de la Administración de Justicia, este martes ante la Ciutat de la Justícia (Barcelona) en 2018. Europa Press

Los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) se plantan. Mañana están convocados a una huelga por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), segunda fuerza asociacional entre el colectivo. Reivindican el derecho a la negociación y un acuerdo sobre la subida salarial que, denuncian, se cerró en falso en diciembre. Diez euros más que el segundo grupo de funcionarios (los gestores de justicia), opinan, no es, ni de lejos, la adecuación remunerativa a la que se comprometió el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.

A unas horas del día-d, Juan José Yáñez, vocal de la ejecutiva de UPSJ y del comité de huelga, relata para Cinco Días Legal que la respuesta de los asociados ha sido “inequívoca”. Además, advierte, ha percibido un apoyo muy significativo entre el colectivo, tanto de los no afiliados como de los letrados que están con otras organizaciones. “Están yendo a las asambleas y votando a favor de la huelga”, confirma. El órdago está echado. Será el ministerio dirigido por Pilar Llop a través de su secretario de Estado el que deba recoger el guante, o no, a partir del viernes.

Hartazgo

Los letrados están cansados de promesas. Es el caso de Pilar (nombre ficticio), letrada en un juzgado de primera instancia de la Comunidad de Madrid. Mañana, irá a la huelga. Principalmente por dos motivos: quiere que se les reconozca el derecho a la negociación colectiva y un sueldo “acorde al incremento de funciones que hemos venido asumiendo desde la reforma procesal del año 2000”. El año en que se sentaron bases de lo que se conoce como la oficina judicial que dirigen los letrados. El 85 % de las resoluciones que se llevan a cabo en un juzgado de primera instancia como el suyo, explica, “las tenemos que tomar los letrados”. Ahora, con la crisis del coronavirus, se ha incrementado ostensiblemente el número demandas por impago y desahucios. Es su día a día. “Somos nosotros los que sacamos a subasta las fincas y las adjudicamos”, ejemplifica. “También resolvemos los procedimientos monitorios, las juras de cuentas, impugnaciones de tasaciones de costas, conciliaciones... entre otras cuestiones”, agrega poniendo de relieve que su labor es clave para que funcione el sistema.

“Nuestra remuneración es prácticamente la misma que hace 15 años, muy inferior a la de jueces y fiscales a pesar de que la carga de trabajo y de responsabilidad se aproxima bastante”, argumenta Pilar. “La Ley de Presupuesto Generales del Estado de 2021 obligó al Ministerio de Justicia a negociar la adecuación salarial, sin embargo, el ministerio no ha atendido esa orden parlamentaria”.

Diferencias

Incumplimiento. Es la palabra que los letrados enarbolan frente a las actuaciones del ministerio. El departamento, en cambio, mantiene que esta cuestión se zanjó en diciembre con la firma de un acuerdo con los funcionarios. Se trata, afirma Manuel Olmedo, nuevo secretario general del ministerio, de una "línea roja". La adecuación salarial, insiste, "ya se cerró con los sindicatos en diciembre antes de que nos incorporásemos el nuevo equipo ".

Otra de esas líneas rojas, asegura, es la cuestión de la reivindicación de una negociación propia para el colectivo. "Ellos saben que esa función la tienen recogida los sindicatos y para toda la función pública", afirma. Según explica, no existe en todo el sector público un cuerpo como el suyo que tenga reconocida una negociación colectiva propia. "El único caso diferente es el de los jueces, que tiene una ley que regula sus retribuciones en atención a las funciones constitucionales que realizan y, además, porque no se pueden sindicar". Un argumento que rebaten desde la asociación: "en cuanto a la representatividad de los letrados por parte de los sindicatos generalistas es decir, CCOO, UGT, CSIF, STAF, etc., puede considerarse un fraude de ley, porque es una realidad pública y notoria que la afiliación del cuerpo a esos sindicatos es testimonial, ya que tenemos nuestras propias asociaciones", aseguran en un comunicado.

El departamento afirma que este acuerdo supone un aumento medio del 5,26 %, al que hay que sumar el 2 % del incremento salarial del sector público. "No tiene parangón en el sector público ni tampoco en el privado", afirma Olmedo. Un total de 195 euros mensuales (2.430 euros anuales) que no convencen a la asociación de letrados, afirma Yáñez, porque no se adecúan al aumento de “más de un 30 %” de las funciones y competencias que han arrastrado durante estos últimos doce años. Lo que gana un letrado de tercera categoría con siete días de guardia incluidos, esgrime UPSJ, es poco más de 1.800 euros.

Mientras que los letrados se quejan de que hay compañeros (sobre todo los de nueva incorporación) que ganan de media poco más de 1.500 euros al mes, Olmedo señala que, en general, el sueldo de un letrado es de casi 47.000 euros al año. No obstante, añade, "hay otra serie de reivindicaciones que han realizado y que hemos atendido, como la convocatoria de oposiciones, y otras que estamos dispuestos a dialogar pero en un clima distendido, por eso se les pidió que desconvocaran la huelga". "Estamos dispuestos a hablarlo todo menos esas dos líneas rojas", afirma Olmedo. En este saco entrarían cuestiones como la remuneración de las categorías de letrados más bajas, las retribuciones por entradas y registros, o los emonumentos de los encargados del Registro Civil.

El punto de divergencia es pues la cuantificación dineraria de la cantidad de funciones que se han añadido al trabajo de los letrados y que, según Olmedo, las asociaciones no han medido. "Solo nos dicen que quieren cobrar lo mismo que los jueces, pero esto no nos parece razonable", esgrime.

Negociaciones

Los cambios recientes en el organigrama del Ministerio de Justicia fueron para el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, asociación mayoritaria en el colectivo, un buen comienzo para desbloquear el asunto de la adecuación salarial.

Sin embargo, expone Yáñez, la reunión celebrada el pasado 13 de diciembre con el nuevo secretario no ayudó a desconvocar la huelga anunciada por UPSJ. Según cuenta el vocal, la oferta pasaba por renunciar a la movilización para ahondar en temas secundarios. Un acto de buena voluntad que el sindicato no ha asumido porque “nos han engañado ya demasiadas veces”. El Ministerio, que se reunió con el comité de huelga el pasado jueves, “no puede dar por zanjada la cuestión de la adecuación salarial dándonos diez euros más al mes que los gestores”. Así, se queja Yáñez, “es como valoran las 600 competencias que antes eran de los jueces y que ahora son nuestras”. "Es muy lamentable que en órganos judiciales muy atrasados, como los sociales o de primera instancia, se vayan a tener que suspender juicios que posiblemente haya que reseñalar para dentro de un año", afirma.

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