Digitalización y conciliación: lo que se espera de la justicia en 2022

Los profesionales también piden acabar con la lentitud de los tribunales y más eficiencia

Digitalización y conciliación: lo que se espera de la justicia en 2022
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La justicia no se ha quedado al margen de los problemas ocasionados por el coronavirus. En 2020 hubo meses en los que los juzgados estuvieron prácticamente paralizados. Pero esta dura prueba también sirvió para impulsar el salto hacia la digitalización y una nueva organización que permita un servicio más eficiente y de calidad. Precisamente, este es uno de los principales retos del ministerio que preside Pilar Llop. Si 2021 fue el año en que se cimentó el plan con la aprobación de sendos anteproyectos de eficiencia organizativa y digital, 2022 puede suponer el despegue definitivo de la modernización de la justicia.

Uno de los principales problemas a atajar es el de la lentitud. Hace un par de semanas, un abogado sevillano pidió amparo al Tribunal Constitucional tras conocer que había sido citado para un juicio por despido para 2024, cuando la media es menos de un año de lista de espera. Daniel Sánchez se ha propuesto combatir en los tribunales las ineficiencias del sistema. Denuncia que hay juicios que se están posponiendo a 2026. El letrado reclama apoyo institucional. “Pocas causas más justas puede haber que combatir la insoportable y deplorable lentitud de la justicia”, sentencia.

La eterna demanda es la de la inversión en medios. Y ahora se cuenta con los fondos europeos. Como reclama la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, “está claro que la justicia española no puede perder la oportunidad que estos representan para ponerse al día”. En esta línea, fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que la transformación digital es uno de los proyectos prioritarios, con una financiación de hasta 410 millones de euros.

Salto digital

El reparto de fondos permitirá poner a punto infraestructuras digitales en todo el territorio. Pero el desafío va más allá: conseguir la plena interoperabilidad en los sistemas de gestión procesal y decisiones basadas en datos. En este ámbito, señala Álvaro Perea, letrado de la Administración de justicia, habrá que estar atentos a “la aprobación parlamentaria del anteproyecto de eficiencia digital, la implantación efectiva y, a nivel nacional, del expediente judicial electrónico o la cooperación en el desarrollo de aplicaciones conjuntas con procuradores y abogados”. Por delante, “la posibilidad (casi obligación) de hacer de la justicia un servicio público con raíz digital y, de este modo, más accesible, transparente y eficaz”. El letrado también apunta otros retos fundamentales, como “la estabilización de las plantillas de autoridades y funcionarios y la asunción del cambio cultural que emerge con los denominados medios adecuados de solución de controversias (MASC)”. El impulso de la negociación entre las partes pretende evitar la sobrecarga de los tribunales.

Justicia está incorporando tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial (IA) o la robotización para conseguir la automatización de algunos trámites, pero nunca, se insiste desde el departamento, de las decisiones judiciales. Como ejemplo del último caso, la mecanización de los cálculos en las propuestas de cancelación de antecedentes penales. La IA ha llegado a los juzgados a través de un programa que genera de manera automática el texto de los vídeos de las vistas judiciales con el consiguiente ahorro para los funcionarios.

Telejuicios

2022 también puede ser el año de la consolidación de los juicios online. Llegaron en pleno confinamiento por razones sanitarias, pero el anteproyecto de la ley de eficiencia digital los incorpora como elemento estructural en la justicia. Según ha detallado el ministerio, los más de 590.000 juicios telemáticos celebrados durante la pandemia han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 12 millones de euros y han evitado la emisión de más de 5.850 toneladas de CO2.

Los trámites por internet son una herramienta valiosa que debe utilizarse de forma adecuada. Para Victoria Ortega, está claro que “en determinados momentos procesales, por su importancia, no se debe sustituir nunca el acto presencial”.

Uno de los jueces pioneros en esta materia es el magistrado de Santander Luis Acayro Sánchez. En su juzgado, la excepción es la presencialidad porque más del 80 % de las vistas que se celebran son telemáticas. Ello ha permitido sortear las complicaciones de la pandemia: “Cientos de abogados de toda España han podido celebrar sus vistas con nosotros sin necesidad de desplazarse o tener que aplazarlas”, destaca. Acayro opina que, con medios y formación, el salto a un nuevo marco de trabajo, incluidas las metodologías, se percibirá como “una mejora para todos”. “Aunque se haya normalizado la lentitud, muchas veces esta viene motivada por inercias improductivas asentadas, pero posibles de solventar con cierta facilidad mediante el establecimiento de nuevos marcos de trabajo más eficientes”, reflexiona. Cualquier cambio, subraya, “requiere mucho consenso”.

Conciliación

La otra pata de la transformación de la justicia en el plan 2030 es el cambio estructural que traza la ley orgánica de eficiencia organizativa, que se encuentra en tramitación. Los ejes fundamentales del nuevo mapa, que Justicia aspira a reformar en tres años, son: los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en el municipio, antiguos juzgados de paz.

El anteproyecto recoge también algunas reclamaciones históricas en materia de conciliación para abogados y procuradores. Este será el año en que estos profesionales puedan, por fin, disfrutar de vacaciones navideñas al reconocerse como inhábil el periodo que va desde el 24 de diciembre al 6 de enero. Asimismo, señala Ortega, el último texto de la norma de eficiencia procesal (tercer eje de la reforma) recoge la suspensión de vistas y plazos en caso de maternidad, paternidad y defunción de un familiar cercano. Hasta el momento, los profesionales que se encuentran en estas situaciones quedan en manos de los juzgados, que pueden denegar las peticiones de los abogados instándoles a que elijan un sustituto. La actual redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que solo habrá suspensión de juicios en caso de "muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad" cuando el Letrado de la Administración de Justicia entienda que esa petición está justificada "suficientemente". Como el caso denunciado el año pasado por una letrada que tuvo que acudir a la vista unos días antes de dar a luz.

La abogacía pide más. “Creemos que es importante seguir avanzando hacia una verdadera desconexión digital durante los periodos inhábiles, salvo para cuestiones urgentes”, requiere Ortega. La presidenta también reclama un entorno más igualitario para avanzar en la conciliación: “Es importante que se materialice la presencia de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad hasta que exista una verdadera paridad”, demanda.

Horizonte judicial

El día a día de los juzgados puede sufrir vaivenes este año. Las medidas extraordinarias para evitar destrucción de empleo y de tejido empresarial tienen fecha de caducidad. Una vez transcurrida la moratoria concursal, así como la prórroga de los ERTE, es posible una oleada de asuntos en el ámbito concursal y laboral que saturen, más si cabe, los órganos judiciales.

En pie de guerra

Pero el primer escollo con el que tendrá que lidiar el departamento del Llop es con la huelga convocada para el 26 de enero por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ). Según su portavoz, Francisco Aguilar, denuncian el “flagrante incumplimiento” de la previsión en los Presupuestos Generales del Estado sobre la adecuación salarial del colectivo. El detonante ha sido el retraso en el pago de la subida aprobada. “La pequeña cantidad reconocida, que aceptábamos a cuenta, no se nos ha abonado a diferencia de otros cuerpos”.

El ministerio, por su parte, defiende el acuerdo sindical recién firmado, que, dice, supondrá un aumento de sus retribuciones superior al 5 %, a sumar al 2% general para toda la función pública. Un pacto que rechaza el colectivo. El departamento, indican, también ha ofrecido la creación de un grupo de trabajo para analizar las cargas de trabajo de este cuerpo y estudiar otras de sus reivindicaciones.

Y es que la tensión por la adecuación salarial viene de lejos. Un letrado de nuevo ingreso, se queja Rafal Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), asociación mayoritaria entre el colectivo, percibe una media de 1.500 euros al mes. El colegio vigilará, señala Lara, los próximos pasos del renovado equipo ministerial. De momento, el nuevo secretario general cumple: “Prometió convocar las oposiciones y sacar el concurso paralizado, y ha cumplido; además, ha llamado a las asociaciones para el día 13 de enero”. Pero, advierte, “el mandato parlamentario al Gobierno de adecuación salarial está incumplido, y las palabras deben tornarse en hechos este mismo mes para que no nos veamos obligados a ir a la huelga”.

Renovación institucional

  • Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El estancamiento en las negociaciones entre los dos grandes partidos para renovar el órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado hace tres años, amenaza con provocar graves problemas de funcionamiento en la justicia. El Tribunal Supremo ha avisado en un reciente informe de que habrá 1.000 sentencias menos al año por la imposibilidad de realizar nombramientos. El hecho de no poder cubrir las vacantes incrementará también los retrasos en los tiempos de respuesta. El alto tribunal califica la situación de “insostenible” y da cuenta de las salas más afectadas, que son, por este orden, la de lo Contencioso-Administrativo y la Social. A fecha de hoy, indican los informes, la cifra de nombramientos pendientes en toda España es de 57, a lo que hay que sumar las jubilaciones que se vayan produciendo en el año.

  • Colegios de Abogados. Entre el mes de noviembre y diciembre de 2021, 12 colegios de la abogacía de los 83 existentes en España celebraron elecciones para renovar sus juntas de gobierno. Antes de que expire este año, en diciembre de 2022, también elegirá nuevo decano el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la corporación profesional más grande de Europa, con un total de 75.390 colegiados. El actual decano, José María Alonso, venció en las últimas elecciones celebradas el 13 de diciembre de 2017. A un año vista de la cita, ya hay polémica. La controversia saltó cuando El Confidencial publicó el pasado mes de noviembre que Juan Gonzalo Ospina, diputado actual de la junta, tenía intención de presentarse como candidato. El ICAM reaccionó con un comunicado en el que calificó de preocupante el anuncio por “inadecuado e improcedente”.
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