Controlar la inflación es una responsabilidad de todos

Los datos oficiales sobre la escalada de los precios durante 2021 confirman que la inflación no solo parece haber regresado para quedarse, al menos a medio plazo, sino que se ha convertido en uno de los principales riesgos que afronta la recuperación económica. El rally de la electricidad –que ha subido un 72%– y el encarecimiento de los combustibles y los alimentos explican un incremento de la inflación general que se ha situado en un 6,5% en 2021, la cifra más alta en 30 años, según los datos definitivos publicados por el INE el viernes. El repunte confirma que el galope de los precios no es un problema menor, sino que se ha convertido en una amenaza que determinará las constantes vitales de las economías europeas a lo largo de 2022, y que exigirá un esfuerzo de contención por parte de gobiernos y operadores económicos. La previsión de Funcas para 2022 augura que la inflación superará el 5% en el primer trimestre y que experimentará un aumento medio durante el año del 3,7%.

En una coyuntura económica de recuperación, agravada por una crisis global de materias primas y suministros que ha generado un recorte de la oferta, la inflación actúa como un impuesto silencioso que merma el poder de compra de los salarios y de las pensiones, deteriora el valor real del ahorro y puede poner en cuestión las previsiones de crecimiento de la economía. El Gobierno tiene la primera responsabilidad a la hora de poner en marcha una estrategia de contención en este ámbito, lo que supone aplicar una política económica que facilite los mecanismos de formación de los precios en los mercados y predicar con el ejemplo en todo lo que se refiere a salarios y prestaciones públicas. Los planes del Ejecutivo para acometer dos nuevos aumentos del salario mínimo interprofesional, uno para el 2022 y otro para 2023, la anunciada subida del sueldo de los funcionarios un 2% en este ejercicio, el incremento de las pensiones a artir de enero tras la reforma que las vincula con la evolución del IPC son medidas que obstaculizarán el control de una inflación cuya evolución es incierta.

En el caso de las empresas, como recordó la patronal CEOE el viernes, la responsabilidad pasa por evitar que los mayores costes de producción se traduzcan en el encarecimiento de los bienes y servicios, aunque ello suponga aceptar un estrechamiento temporal de los márgenes, así como por evitar una evolución al alza de los salarios. Una tarea en la que resulta imprescindible la colaboración de los sindicatos con el fin de mantener una política retributiva razonable para evitar que el salario se convierta en material altamente inflamable para una hoguera de precios que perjudica a todos y cuyo control es responsabilidad de todos.