Enagás propone a Transición vender la plataforma de Castor

La venta evitaría parte del coste del desmantelamiento, unos 200 millones

Plataforma de Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

El Ministerio para la Transición Ecológica tiene ya las manos libres para proceder al desmantelamiento de la plataforma de gas natural Castor, en aplicación del real decreto de 2019 que establecía su sellado y deguace. El departamento que dirige Teresa Ribera estaba a la espera del fallo del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado contra su desmantelamiento por Escal, sociedad participada en un 66,7% por ACS, promotora del citado almacenamiento, que fue clausurado tras los seísmos que se produjeron en las costas de Castellón durante el primer llenado de la planta en 2013.

Aunque el alto tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión, y únicamente inadmitió el recurso al considerar que Escal carece de “entidad” para recurrir, el ministerio puede acelerar un desmantelamiento del que se ocupará el gestor del sistema gasístico, Enagás.

Según fuentes políticas, la compañía que preside Antonio Llardén habría propuesto al ministerio la venta por separado de la estructura de la plataforma marina para ahorrar parte del coste del proceso, que se calcula en unos 200 millones de euros y que pagarán los usuarios en su factura del gas. Las mismas fuentes aseguran que habría empresas que se dedican a actividades offshore (exploración, producción o almacenamiento) dispuestas a comprar una instalación que, en opinión de los ingenieros, “es tecnológicamente muy buena”. La plataforma se podría quizás transportar entera.

El proceso se encuentra en fase de consulta pública: el sellado de los pozos (primera parte del mismo) y el desmantelamiento requieren de varios trámites administrativos, entre ellos, la declaración favorable de impacto ambiental (DIA).

Escal volverá a pedir a Ribera Escal volverá a pedir a Ribera que no lo desguace

Por su parte, Escal está dispuesta a seguir dando la batalla para evitar que Castor se desmantele. Especialmente, después de que el pasado 30 de noviembre sus dos principales, directivos, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, presidente y consejero delegado, respectivamente, fuesen absueltos por la Audiencia Provincial de Castellón de los delitos de los que habían sido acusados por una plataforma ciudadana, en un proceso que se ha prolongado varios años.

Según fuentes del sector, Escal tiene previsto enviar a Ribera una carta para pedirle que reconsidere su decisión de desguazar la instalación a la vista de que el fallo de la Audiencia recalca que no está probado que los seísmos fuesen provocados por el llenado y que este no entraña peligro para la población.

En enero de 2019, el Gobierno anunció su intención de sellar y desmantelar de forma definitiva el almacén, lo que incluyó en un real decreto el 31 de octubre de ese año. En el mismo, el Ministerio para la Transición Ecológica ordenaba a Enagás el cierre “definitivo” de Castor una vez analizado que ya “no puede servir” al sistema gasístico español. Por ello, se acordó el desmantelamiento, sellado y abandono definitivo de los pozos.

Evitar costes

El Gobierno justificó la medida para evitar el coste de mantenimiento (aunque el del desmantelamiento es superior) y “para más seguridad”. El decreto habilitaba al ministerio a dar las instrucciones necesarias para cumplir con el acuerdo de sellado y abandono de los pozos y ordenar las fases sucesivas del desmantelamiento, al no ser “ni viable ni necesario a la vista de los consumos actuales y el futuro del gas natural” en España (hoy la situación del mercado del gas ha dado un vuelco). El Ejecutivo consideraba que “mantener las instalaciones solo serviría para aplazar el abandono definitivo y prolongaría los costes de vigilancia y mantenimiento”.

De momento, Castor sigue en situación de hibernación, la que fue decretada en 2013 por el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria. Enagás es la encargada de su gestión. La decisión del desmantelamiento se basó en un informe encargado por esta compañía a un profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a otro de la Universidad de Harvard. El MIT declaró después que dicho profesor, aunque formaba parte de la institución, había elaborado dicho informe (pagado por Enagás con un coste de 600.000 euros) a título personal. En él se advertía del peligro de reanudar los operaciones.

Acs estudia reclamar daños por el cierre

Tribunales. Como adelantó CincoDías, Escal UGS, la promotora del almacenamiento de gas Castor, está estudiando acudir a los tribunales para pedir responsabilidades a la Administración por la parada de Castor en 2013. Concretamente, un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica por el lucro cesante de una concesión por 30 años. La inversión, de casi 1.500 millones, tenía un tipo de interés anual del 5%, además del coste de la operación y el mantenimiento. Esta rentabilidad es la que habría perdido Escal, que sí recuperó la inversión tras el cierre.

Concurso. Escal UGS, que está participada por ACS (con un 66,7%) y la canadiense Escal (con el 33,3% restante), está actualmente en concurso de acreedores, ya que la CNMC le reclama una retribución que, según fuentes empresariales, no había recibido antes del sistema.

Absolución. El 30 de noviembre, la Audiencia de Castellón declaró inocentes a sus dos principales directivos de los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, con riesgo para la vida de las personas, ocultación de información a la Administración y con grave riesgo de deterioro irreversible y catastrófico.