Cultura empresarial y más educación financiera para proteger al inversor

La CNMV ha cerrado un año laborioso en términos sancionadores con la imposición de multas por valor de 6,3 millones de euros. Un montante más que considerable y que se refiere únicamente a las infracciones graves y muy graves –las leves no se publican– que sean firmes en vía administrativa, es decir, que no puedan recurrirse salvo por vía judicial. Aunque la cantidad total es ligeramente inferior a la registrada en 2020 –el año negro de irrupción de la pandemia y del crecimiento exponencial de las sanciones–, la cifra sigue siendo muy superior a la impuesta en 2019, que fue de solo 1,61 millones.

Del análisis de las multas de 2021 se concluye que el organismo que preside Rodrigo Buenaventura ha centrado buena parte de su potestad sancionadora en el sector bancario, con especial atención a los casos de mala praxis en la comercialización de productos financieros, y también al abuso de mercado. A esta última conducta corresponde la mayor sanción del año, impuesta a la antigua agencia de valores Q-Renta, que fue multada con 2,075 millones de euros por la manipulación de cuatro valores cotizados en el antiguo MAB (hoy BME Growth): Eurona, 1nkemia, Only Apartaments y Euroconsult. Es el mayor castigo pecuniario impuesto desde 2008, cuando la CNMV castigó a Banco Santander con 4,5 millones. CaixaBank, con 2 millones de euros; Ibercaja Banco, con 240.000 euros, y Santander, con 300.000, fueron sancionadas también por irregularidades relacionadas con las obligaciones hacia el cliente, un aspecto de la legislación de mercado de valores que se ha endurecido considerablemente en los últimos años en un afán por proteger los intereses de los inversores minoristas y los particulares.

Tanto el anterior presidente de la CNMV, Sebastián Albella, como el actual han insistido con firmeza en la necesidad de velar por un consumidor financiero que a menudo no tiene ni la especialización ni los conocimientos necesarios para contratar determinados productos o participar en cierto tipo de operaciones. La CNMV se ha convertido en los últimos años en uno de los supervisores europeos más estrictos en esta materia, con una aplicación detallada de la normativa de Mifid 2, en vigor desde 2008, y un montante de multas que en 2020 incluyó una de las más altas de Europa, equivalente al 27% del total de todos los países de la UE.

A la vista del balance de multas impuestas por el supervisor, urge reforzar no solo el control, sino también la prevención en materia de protección al inversor. Un objetivo que exige no solo el cumplimiento escrupuloso de la regulación, sino el cultivo de una cultura empresarial y comercial más exigente por parte de las entidades y de una mejor formación por parte del cliente.