La inflación y la energía elevan un 60% el recibo de las comunidades de vecinos

Si la tendencia no se corrige corre peligro la inversión en rehabilitación

Al gasto de gas y luz hay que sumarle la revisión con el IPC de varios contratos

Bloques de viviendas en el centro de Madrid.
Bloques de viviendas en el centro de Madrid. GETTY

La escalada sin parangón de la inflación, alimentada por el encarecimiento continuado de los precios de la energía, comienza a hacer mella en los bolsillos de las comunidades de propietarios del país y amenaza uno de los posibles motores de la recuperación. De no corregirse la tendencia actual en el medio plazo, explica Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), podrían verse comprometidas parte de las actuaciones en materia de rehabilitación residencial previstas para 2022, en buena medida sufragadas por los fondos europeos.

Ya a día de hoy, detalla Díez Lloris, las facturas de las comunidades de propietarios se han encarecido de media un 60% en España en cuestión de meses, desde que los precios de la energía empezaron a aumentar a mediados de verano. “En muchas, de hecho, vemos que el importe a pagar se ha más que triplicado”, añade.

Conviene distinguir, recalca el presidente del CGCAFE, las dos vías por las que debido a la inflación las comunidades de vecinos están viendo incrementarse sus gastos. Por un lado, prosigue, el avance del IPC general supone en la mayoría de los casos que se tengan que revisar al alza contratos habituales que tienen las comunidades de vecinos, tales como el de limpieza, el de jardinería o el del mantenimiento de los ascensores, entre otros. “Todos esos contratos suelen estar referenciados al IPC general”, que en diciembre cerró con una subida anual del 6,7% y del 1,3% mensual. El de los ascensores, por su parte, “es corriente que esté vinculado al de IPC industrial”, que en noviembre avanzó un 33% y un 1,8%, respectivamente.

Estas actualizaciones, habitualmente, suelen llevarse a cabo en el mismo mes en los que se había contratado el servicio previamente, “de forma que aquellas comunidades que han tenido que revisar los contratos en noviembre o diciembre han sufrido un gasto inesperado”. Con todo, vaticina Díez Lloris, y teniendo en cuenta que los principales organismos y analistas prevén que la inflación siga en tasas elevadas durante al menos la primera mitad de 2022, “será muy complicado que haya comunidades que no sufran este tipo de revisiones”.

Por el otro lado, recuerda, están los precios de la energía. Las comunidades firman contratos “por un año en la práctica totalidad de los casos”, y en muchos casos el importe se ha multiplicado por tres. La electricidad, además de la iluminación de las zonas comunes, “afecta al bombeo del agua, un servicio en continuo uso, a las puertas de los garajes, a las antenas, a los porteros automáticos, a los ascensores...”, apunta.

A esto habría que sumarle, sobre todo en invierno, las facturas de gas “en el caso de las comunidades que tengan calefacción central”. Estos contratos, en pleno enero y con un comienzo de año que ha registrado nuevos repuntes, serán uno de los principales agujeros para las comunidades de vecinos, destaca el presidente del consejo, que recuerda que previsiblemente también se verán afectados los ahorros de aquellas que no estén en números rojos. Por todo ello, desde el consejo temen que las tasas de morosidad, hoy de nuevo en cotas tradicionales tras la pandemia, vuelvan a crecer.

En paralelo a esta merma se encuentra el gasto inesperado que tienen que afrontar los propietarios a nivel particular debido al encarecimiento de los precios. Se da la paradoja, por ello, de que la inversión en rehabilitación, que sirve entre otros puntos para ahorrar en energía, puede verse minimizada por los encarecimientos registrados y unos gastos imprevistos.
En este punto, Díez Lloris es claro: “Incluso con la subida de precios anotada, el porcentaje de ahorro por la inversión en rehabilitación es mayor. Si una ventaja tiene la inflación, por decirlo de alguna forma, es que evidencia la necesidad de que los edificios se actualicen para ser más eficientes”.

Fórmulas

Desde el consejo, por ello, esperan que el sector bancario diseñe productos financieros específicos para costear este tipo de proyectos a un interés cómodo para los propietarios. Así, Díez Lloris sugiere fórmulas que permitan que el propio ahorro energético derivado de la intervención sirva para sufragar el préstamo.

Según los datos recabados en la guía publicada recientemente por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), hay “evidencias” del valor del retorno económico de la rehabilitación energética más común, como los aislamientos del edificio, a lo largo del tiempo. “Se considera que se alcanza la recuperación de la inversión entre los 10 y los 20 años. Teniendo en cuenta las subvenciones, que pueden llegar a cubrir hasta un 80% del valor de la actuación, el balance positivo desde el punto de vista económico se establece mucho antes”, recoge el documento de los arquitectos.

Cabe recordar que los Presupuestos Generales del Estado para el año que acaba de comenzar reservan para las intervenciones con vistas a mejorar la eficiencia de edificios y barrios 1.400 millones de euros provenientes del oxígeno comunitario.

Medidas fiscales

Para abaratar los recibos de las comunidades de propietarios, el consejo de administradores de fincas reclama a su vez una batería de medidas fiscales que lleve las ventajas a las que pueden acogerse los hogares a las propias comunidades de vecinos, “ya que somos una extensión más del servicio familiar”. En concreto, los administradores solicitan que se hagan extensivas a las facturas energéticas de las comunidades las medidas fiscales que prorrogan hasta el día 30 de abril de 2022 la rebaja de impuestos incluidos en la factura de la electricidad para los ciudadanos, y que flexibiliza, para los consumidores industriales de gas, la posibilidad de poder cambiar de tarifa o suspender sus contratos.

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