Los economistas alertan de que la inflación ya es “en parte” estructural

Mantienen su previsión de crecimiento del PIB en el 4,7% en 2021 y en el 5,6% en 2022 Sugieren que no es momento de elevar los costes laborales

EFE

El Consejo General de Economistas ha comenzado el nuevo año alertando de una escalada de precios que, en parte, ya se ha convertido en "estructural". Según el informe de su Observatorio Financiero, publicado este lunes, el incremento de la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos y que se situó en el 2,1% en diciembre, supone una prueba de que el encarecimiento de la electricidad, el gas y la gasolina se está desplazando hacia otros sectores y "ya está influyendo en el precio del resto de productos". Por todo ello, alertan los economistas, el incremento de la inflación ya no es meramente coyuntural, "sino que, en parte, es estructural".

Según el avance del mes de diciembre publicado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación cerró el último mes del año con una subida interanual del 6,7%, la tasa más alta desde marzo de 1992. Son 1,2 puntos porcentuales más que el incremento del 5,5% correspondiente a noviembre. En tasa mensual, por su parte, el alza es del 1,3%, la más alta en un mes de diciembre desde 1983. A falta de pequeños ajustes una vez se conozca el dato oficial, la inflación cerrará 2021 en torno al 3%.

En su informe, los economistas no esconden las consecuencias de este fenómeno, todavía a la espera de si ya se ha tocado techo. Por lo pronto, el Consejo ha decidido mantener intactas sus últimas previsiones, con un crecimiento del PIB del entorno del 4,7% para 2021 y del 5,6% en 2022, pero advierte del creciente riesgo de que las altas tasas de inflación tengan ya un carácter "estructural" y afecten a la recuperación económica.

La subida de precios, en concreto, supone un "peligro" y "lastrará" la subida del PIB del primer trimestre de 2022, cuando se prevé un crecimiento "plano" por la "falta de inercia" de los últimos tres meses del pasado ejercicio y el fuerte aumento del IPC. No en vano, los economistas recuerdan que la de diciembre se trata de la mayor subida de precios de los últimos 30 años e implicará una contracción del consumo, considerado uno de los principales motores de la economía española.

La escalada de los precios también amenaza con restar competitividad a las exportaciones españolas, sobre todo si aumentan los costes laborales "vía incremento del salario mínimo o a través de las cotizaciones sociales", por lo que "puede que no sea el mejor momento" para adoptar estas medidas, sugiere el Consejo.

Para argumentar su posición, los economistas recuerdan que el tejido empresarial español está conformado "fundamentalmente de pymes, muy sensibles al incremento de los costes energéticos y los costes laborales, con apenas colchones para, no solo invertir, sino sobrevivir a las incidencias".

En medio de la vorágine inflacionista, y a la espera de ver si el encarecimiento de los precios ha tocado ya techo, el Gobierno mantiene que el fenómeno es transitorio y coyuntural. La semana pasada, tras conocer el avance publicado por el INE, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aseguró que la alta inflación es “transitoria, temporal y durante 2022 se va a poder ir corrigiendo”. A su juicio, parte de la subida “es consecuencia del tirón de la recuperación económica que se está produciendo en todo el mundo, además de que la comparación se lleva a cabo con el año 2020, cuando el crecimiento del indicador era prácticamente plano.

En cuanto a la tasa de paro, los economistas prevén que finalice en 2021 en torno al 14,7% y en 2022 disminuya al 14,2%, aunque es relevante indicar que, de octubre de 2020 a octubre de 2021, cuatro de cada cinco empleos creados han sido en el sector público, "lo cual es lógico teniendo en cuenta los refuerzos que se han producido en el personal del sector sanitario y en menor medida en el sector de la educación".

En relación con el empleo, el Consejo detalla que la extensión hasta el 31 de julio de 2022 de la línea de avales del ICO para autónomos y empresas, la ampliación de la moratoria concursal, y la refinanciación de los préstamos avalados por el ICO, "tiene como consecuencia diferir el cierre de una parte importante" de las pymes, algo que tendrá "efectos" en la estructura económica del país y en el número de trabajadores empleados.

En paralelo, según las previsiones, la deuda pública en España, que en mayo de 2021 llegó a ser del 125%, ha ido moderándose en el tercer trimestre y se prevé que se sitúe en torno al 121% a finales de 2021. El déficit público, por su parte, oscilará entre el 7,8 y 8,5%.