La publicación de los morosos con la Hacienda y la situación concursal
A las empresas que han quebrado por el covid debería dárseles un tratamiento lo más considerado posible
La Agencia Tributaria ha actualizado el listado de los contribuyentes morosos a 31 de agosto, una operación que hace por octava vez, y que recoge a aquellos que tienen pagos pendientes con el fisco por valor de más de 600.000 euros, ya se trate de empresas o de particulares. Únicamente se incluyen en esta penitencia de la publicidad en plaza pública, según rige en la Ley General Tributaria, quienes tengan deudas no satisfechas en el plazo original y voluntario de ingreso, quienes estuviesen pendientes de pago al cierre del periodo del que se trate (31 de agosto de 2021 en este caso) y quienes no las hayan aplazado normativamente. Nada menos que 7.277 contribuyentes personales o societarios adeudan a la caja común 18.200 millones de euros, cifras ambas que crecen notablemente como consecuencia de la rebaja del umbral para aparecer en tan denostada relación, que se ha situado en los 600.000 euros, en vez del millón previsto hasta la anterior publicación, así como de la incorporación al listado de los responsables subsidiarios o avalistas.
El debate arrastrado varios años sobre la conveniencia práctica de publicar este tipo de relación de morosos, así como los riesgos de invasión de terrenos movedizos en materia de protección de datos, se ha cerrado con los años, y hay que advertir que la publicación regular de los nombres y sus deudas tributarias ha servido de estímulo en la lucha contra el fraude. Una buena parte de los morosos que aparecieron en el listado de tan solo hace seis meses han dejado de serlo, en concreto 585 que debían 1.900 millones de euros. Es cierto que pueden haber saldado su deuda por la cantidad justa para no figurar en la lista negra, cual es el caso de 1.274 contribuyentes que a lo largo de 2021 han abonado importes por 268 millones que les han permitido blanquear, al menos parcialmente ante la opinión pública, ante el resto de contribuyentes, su situación fiscal.
En todo caso, hay que recordar que una buena parte de los morosos que aparecen en este octavo listado son empresas cuya situación financiera es muy delicada, y a las que como recoge el último proyecto de ley concursal, las administraciones públicas no están dispuestas a permitir impagos, salvo en cantidades ciertamente ridículas. De los 7.277 deudores de este listado actualizado, 5.910 son personas jurídicas (casi la mitad que en el de junio) con deuda de 16.100 millones. El 40% de este importe se debe a empresas que están en concurso, una situación en la que han entrado centenares de empresas como consecuencia de la crisis del covid, y sobre las que las opciones de cobro son muy limitadas por parte de la Hacienda, y a las que debería darse un tratamiento lo más considerado posible para incentivar que recuperen la actividad y el empleo.