La reforma laboral o el maquillaje superficial de la temporalidad

Menos mal que la reforma laboral que propuso el Gobierno en junio de 2018 y cuyos términos trató de imponer Unidas Podemos cuando entró en la coalición en enero de 2020 era menos urgente de lo que los dos partidos aseguraban. Porque nada menos que cuatro años casi completos, el trecho de una legislatura, han tardado en alumbrarla, y se antoja que se ha logrado por el fórceps apremiante de la Unión Europea para soltar la financiación de los fondos Next Generation. Finalmente, a juzgar por los resultados puestos en el documento pactado, todo ha quedado en poco, en casi nada, y aflora de forma explícita que se trataba más de un eslogan ideológico contra Rajoy, que sí imprimió urgencia a su reforma solventándola en cuatro semanas y media, que de una convicción firme, aunque nunca demostrada, de que con el real decreto de 2012 los empresarios se comían crudos a los trabajadores.

No ha habido contrarreforma, porque tal giro hubiese paralizado un mercado de trabajo que, aunque con imperfecciones, funciona bien, crea empleo pese a tener calidad mejorable y hubiera chocado contra el criterio razonado y liberal de la vicepresidenta Calviño. Poco más que un maquillaje superficial se ha operado sobre el texto de febrero de 2012, esquivando entrar en los meollos verdaderos, como el despido, sus causas y las posibilidades de rebajar remuneraciones si la situación de las empresas lo aconseja.

Solo las herramientas incorporadas para tratar de poner coto a la temporalidad, muchas veces abusiva, parecen tener cierto empaque, aunque las vías de escape de los empresarios se agrandan por las subcontratas y las empresas de trabajo temporal. La prevalencia de los convenios de sector, montura preferida de los sindicatos para recuperar e imponer un poder que nunca han tenido ni se han trabajado en las empresas, queda aguada y limitada a materias salariales, y únicamente se rescata la ultraactividad de los acuerdos, un supuesto activo más formal que de sustancia.

La ministra de Trabajo ha colocado un modelo evolucionado de ERTE (una figura que existe desde la noche de los tiempos del Estatuto de los Trabajadores, 1981, pero que ella cree haber inventado), que permitirá a las empresas poco serias abusar de los recursos públicos y quedar en paralelo exentas de una buena parte de la cotización, cronificando una vía de gasto público que un país con delicadas finanzas como las españolas no se puede permitir, salvo que pague siempre el BCE.

No ha habido contrarreforma, para alivio de la economía, de los empleadores y de los empleados. Para este viaje no hacían falta tan grandes alforjas ni cuatro años de vueltas alrededor de una noria seca.