Dos Castillas, dos formas de afrontar el reto demográfico

La misma semana que Mañueco anuncia elecciones sin haber hecho nada, Page aprueba un plan a diez años con 3.300 millones contra la despoblación

Los españoles llevan tiempo identificando a los políticos como uno de los principales problemas de España. Así lo refleja el Barómetro del CIS y una reciente encuesta de Metroscopia, en la que el 80% de los españoles asegura que la política “funciona mal”. Este es el trazo grueso, porque en el fino se aprecia que todo no es igual. Esta semana tenemos encima la mesa el comportamiento de dos comunidades, las dos Castillas, y como afrontan la política general y su principal problema, la despoblación.

El presidente de Castilla y León arrancó el lunes convocando elecciones autonómicas para el 13 de febrero básicamente por dos razones: no se fía de que su socio de Gobierno (Ciudadanos) se alíe con el PSOE en una hipotética nueva moción de censura, y no quiere dejar tiempo a que se organicen las plataformas provinciales de La España Vaciada. Todo miedos, producto de su incapacidad.

No es de extrañar que tema a los pueblos. El Gobierno PP-Ciudadanos lleva dos años y medio en el poder en Valladolid y todo lo que se le ha ocurrido para hacer frente al reto demográfico es un acuerdo con las cuatro universidades públicas de la región, a las que ha encargado “elaborar la Estrategia Regional frente al Reto Demográfico de Castilla y León”. Este acuerdo, que es de julio pasado, lo firmó Francisco Igea, el líder de Ciudadanos que era vicepresidente de Castilla y León hasta el lunes y que era el competente en la materia.

Mientras en la Castilla del Duero se hacía dejación de funciones pasando primero a las universidades la elaboración de la estrategia y luego a los ciudadanos la elección de un nuevo parlamento regional, en la Castilla del Tajo, ayer, el diario oficial publicó la Estrategia Regional frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha (2021-2031). Una realidad con 3.322 millones de presupuesto, de los que casi 450 millones son para el año que viene. Ni todos los políticos, ni todos los gobiernos son un desastre.

El plan de Emiliano García-Page arrancó en 2019 con la creación del Comisionado para el Reto Demográfico, Jesús Alique, que depende del vicepresidente José Luis Martínez Guijarro. En mayo de este año ya publicaron una ley con medidas fiscales y económicas y en octubre definieron las áreas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación. De ahí salieron hace dos meses las 26 zonas concretas, que integran a 721 municipios, habitados por 438.000 personas; el 21% de la población de la región, que ocupa y sostiene el 73% del territorio castellano-manchego. Ahora se hace pública la estrategia concreta, con presupuesto para 10 años.

Todo este proceso se ha realizado con la participación de sindicatos, patronales, ayuntamientos, diputaciones y parlamento regional. El plan ha logrado consenso social y que se apruebe por unanimidad en las Cortes, pese a que el PSOE tiene mayoría absoluta, lo que le permitiría prescindir de la oposición y a esta (PP y Ciudadanos) ignorar al Gobierno. Pero no ha sido así.

La ley contempla una serie de incentivos económicos y fiscales para estas zonas en función de la población y del nivel de riesgo de despoblación. Son criterios de incentivación positiva que se tienen en cuenta en la concesión de las ayudas y subvenciones públicas con el objetivo es favorecer el asentamiento y la fijación de población, el desarrollo de nuevas actividades económicas, el fomento del emprendimiento y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas que viven en estas áreas.

La estrategia aplicada por el gobierno de Page pivota sobre los mismos ejes que el Plan de Recuperación del Gobierno central, que a su vez se fija en los criterios de los fondos europeos. Además de ser ejes razonables (transición ecológica y digital, igualdad e inclusión) es la manera de vincular este plan con los fondos que vienen de Europa, que van a pagar la mitad del presupuesto a diez años.

Esta estrategia regional establece 210 actuaciones concretas en ámbitos económico, social, territorial y servicios públicos. Entre las medidas que contempla destacan:

• Sanidad pública. Todos los núcleos de población tendrán un punto de atención al ciudadano a menos de 30 minutos las 24 horas. Estos puntos se complementan con programas de telemedicina, acceso a medicamentos y atención en el domicilio a personas mayores y con enfermedades crónicas.

• Educación pública. Apertura de colegios con un mínimo de cuatro alumnos, y, excepcionalmente, con menos. Contrato-programa de formación para enseñanzas no obligatorias con estancia en zonas despobladas y contrato de prácticas (Erasmus Rural).

• Servicios sociales: incrementar horas de ayuda a domicilio. Acceso residencial a menos de 40 kilómetros del domicilio. Servicio itinerante regional de comidas a domicilio.

• Diversificación económica y fomento del empleo rural: ayudas para la recuperación y fomento del comercio local. Programa de captación de talento para facilitar el traslado de personas formadas a los pueblos. Incrementar los complementos específicos y el teletrabajo para estabilizar a empleados públicos en los pueblos.

• Impulsar a las empresas y el emprendimiento rural: hasta 40% de ayudas a los autónomos y empresas que se instalen en zonas despobladas. Reducción de impuestos en la adquisición de inmuebles para centro de trabajo o locales de negocio en estas zonas. Creación de espacios de coworking para facilitar el emprendimiento y el relevo generacional.

• Apoyo a las familias: servicios de atención y cuidado para menores de 14 años. Fomento de guarderías de 0 a 3 años. Descuento del 25% en la cuota autonómica del IRPF para quien tenga una estancia efectiva en estas zonas.

• Vivienda: crear una bolsa de vivienda rural. Apoyo a la rehabilitación de viviendas para mejorar accesibilidad y eficiencia energética. Deducciones de impuestos para la compra de primera vivienda, rehabilitación y traslados laboral.

• Infraestructuras: instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, el saneamiento y la depuración de aguas. Fibra óptica y 5G en todas las localidades de CLM. Capacitación digital de la ciudadanía del medio rural.

Si todos los gobiernos se tomaran en serio los problemas de los pueblos, el problema de este país, igual La España Vaciada no saltaba a la arena política.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense