Una fiscalidad que no merme la competitividad de las empresas
La política fiscal es un instrumento capital para la marcha de cualquier economía, pero cobra especial importancia en un contexto de recuperación de la actividad y de incertidumbre económica como el actual. Según los datos del Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de 2021 que elabora la Tax Foundation en EEUU y publica en España el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la economía española ocupa el número 30 de 37 países analizados, lo que supone una caída de cuatro puestos respecto a la posición que mantenía hace solo un año. La clasificación, que se basa en datos de Eurostat y mide la carga de gravamen que el sistema fiscal introduce en las economías independientemente de su recaudación, concluye que la proporción de ingresos tributarios que procede de las empresas en España, que es del 31,9%, está sustancialmente por encima de la media europea, del 25%. En el caso del Impuesto sobre Sociedades, la presión fiscal normativa española resulta un 27,2% más elevada que la media de la UE, y un 22,2% superior al promedio de la OCDE. Las diferencias de presión se observan también en la tributación por patrimonio e IRPF.
El exceso de carga fiscal constituye un lastre para el tejido empresarial español, recién salido de una crisis histórica y agobiado por crecientes costes de producción en un contexto de incertidumbre y abundancia de riesgos. En lugar de avanzar hacia una tributación más flexible y acorde con las exigencias de la recuperación, el Gobierno fía sus necesidades de recaudación a las subidas de impuestos. Así, contempla, por ejemplo, incorporar a la Ley del Impuesto sobre Sociedades un nuevo artículo que establece una tributación mínima del 15% para las empresas con un ingreso igual o superior a 20 millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación fiscal, sin importar el importe.
De las conclusiones del informe que ha presentado el IEE se desprende que la economía española tiene dos grandes recursos para aumentar los ingresos públicos sin aumentar a su vez los impuestos y sin cargar a las empresas con una mayor factura fiscal: extremar la lucha contra el fraude y la economía sumergida, que en España es considerablemente mayor que en el resto de la UE, y acometer una de las grandes reformas estructurales que el país tiene pendiente desde hace años: el redimensionamiento del sector público y la reordenación y optimización de sus gastos. Mientras tanto, la política económica del Gobierno debería enfocarse hacia la promulgación de una legislación tributaria más clara, eficaz y favorable a la inversión y a las empresas, como principal motor de creación de riqueza y empleo en el marco de la recuperación europea y global.