El ‘caso Orcel’ y la reputación de Banco Santander
El juez sube a 35 millones la indemnización al banquero italiano por los bonus diferidos que estaba pendiente de percibir en UBS, frente a los 29 millones que pedía ahora el directivo
Jarro de agua fría en Banco Santander. Si el jueves de la semana pasada la entidad no salía de su asombro ante la positiva sorpresa para el banco ante la opinión expresada por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Jean Richard de la Tour, quien mantenía que los accionistas de Banco Popular (entidad absorbida por Santander) no pueden pedir indemnización al grupo que preside Ana Botín basándose en que el folleto de ampliación de capital previo a su caída contenía información defectuosa (Popular amplió capital en 2016 por 2.500 millones de euros, y en junio de 2017 fue intervenido), el viernes el grupo sufrió un duro revés judicial. El juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha condenado a Banco Santander a indemnizar con 68 millones de euros al banquero italiano Andrea Orcel por su fichaje fallido como consejero delegado de la entidad en 2018.
Algunos expertos del sector consideran que este fallo, que recurrirá el banco, como es lógico, supone un duro golpe tanto para la entidad financiera como para su presidenta, Ana Botín, ya que fue ella personalmente quien había decidido fichar a Andrea Orcel, procedente de UBS, para el cargo durante el verano. Confiaba en sus excelentes conocimientos financieros (estaba considerado como uno de los mejores banqueros de inversión del mundo), era amigo de ella, y había trabajado durante años como asesor de Santander en todas sus grandes operaciones corporativas y de ampliaciones de capital. Su reputación le precedía.
Pero todo comenzó a enredarse poco después de anunciar su fichaje el 25 de septiembre de 2018. Un fichaje, todo hay que decirlo, que sorprendió al mercado. Orcel era un banquero de inversión sin conocimientos de banca comercial, el gran negocio de Santander. Además, su entrada en el banco parecía que suponía apartar a un segundo plano a José Antonio Álvarez, entonces único CEO del grupo, y que de haber cuajado la incorporación del directivo italiano el ejecutivo español hubiera visto reducidas sus funciones a España.
Ahora, la sentencia del juez Javier Sánchez Beltrán causa más daño reputacional al banco y a Botín, que un efecto en las cuentas de la entidad, ya que 68 millones de euros (aunque es una indemnización de 68 millones es una cifra muy elevada para una sentencia sobre un contrato de trabajo), apenas trastoca los proyectos del grupo, pero sí al alma de la institución, el de su gobernanza. Solo si se da la vuelta la sentencia en los recursos que puedan presentarse ahora por parte del banco podría inmunizar este efecto. El caso contrario sería nefasto. Dos sentencias contrarias a los argumentos de Santander y de Botín serían muy dolorosos para una entidad, cuya base es la confianza.
De momento, Orcel ha logrado convencer al juez, quien ha considerado que la carta de oferta de cuatro páginas enviada al banquero ahora CEO de Unicredit, en septiembre de 2018 era un contrato vinculante, frente a la defensa del banco y de Botín de que era oferta inicial no vinculante.
Eso sí, el juez ha decidido subir a 35 millones de euros la indemnización a Orcel por la parte del bonus diferido que estaba pendiente de percibir en UBS, frente a los 29 millones que había rebajado ya su petición el banquero italiano. El culebrón continúa.