El riesgo de lanzar un mensaje hostil al capital en un mercado globalizado

Diciembre será un mes de liquidación para la mayor parte de las sicavs que operan en España. El motivo es la inminente entrada en vigor –el 1 de enero– de la regulación que pone el punto final al régimen normativo que ha propiciado el crecimiento de este tipo de sociedades en nuestro país. La banca calcula que en torno a un 80% de las 2.300 sicavs actuales no podrá mantener su tributación reducida del 1% conforme a los nuevos criterios regulatorios, por lo que la mayor parte de ellas desaparecerá. La reforma exige, entre otros aspectos, que estas sociedades acrediten que cuentan con 100 socios con una inversión mínima de al menos 2.500 euros cada uno, una medida adoptada para acabar con la figura de los hombres de paja o mariachis, inversores que figuraban únicamente para completar el número mínimo de accionistas. Además, traspasa el control de estos instrumentos de la CNMV a la Agencia Tributaria.

Pese a que desde el sector financiero se espera que en la mayor parte de los casos el dinero invertido en sicavs vaya a fondos de inversión o estas se conviertan en sociedades anónimas, existe el riesgo de que las más grandes opten por migrar a regulaciones más favorables, como es el caso de Luxemburgo. El precedente de lo ocurrido en su día en el País Vasco –que pasó de albergar dos centenares de sicavs a cero– tras el endurecimiento de la fiscalidad para estos vehículos recuerda algo que los legisladores olvidan a menudo: la enorme facilidad con la que el capital migra de unas plazas financieras a otras en un mercado globalizado.

Pese a la legitimidad y conveniencia de poner coto a los excesos en que se pueda incurrir con cualquier instrumento de inversión, es difícil negar que la suerte de las sicavs ha sido determinada en buena parte por el discurso político hostil y la persistente incertidumbre regulatoria que ha pesado sobre ellas en los últimos años. La disolución masiva que se espera antes de fin de año es el corolario de la progresiva disminución de estas sociedades en España, tras una edad dorada que llegó a su cenit en el año 2015, cuando en nuestro país había algo más de 3.400 sicav que acumulaban 34.000 millones de euros.

Además del potencial efecto deslocalizador de capital que tendrá la nueva regulación y los perjuicios que ello supondrá para la industria de gestión de activos, España dejará de ser una plaza atractiva para el talento financiero ligado a este tipo de estructuras. Lamentablemente, se ha optado por lanzar un mensaje de hostilidad hacia la inversión especializada en los grandes patrimonios en lugar de avanzar hacia una regulación que mantuviese buena parte del atractivo fiscal de estos instrumentos y puliese los excesos en los que puedan incurrir.