Aprobado el anteproyecto de pensiones que afecta a pymes y autónomos
Se prevé que la aprobación definitiva sea en 2022
El Consejo de Ministros ha probado el anteproyecto de ley para impulsar los planes de pensiones de empleo. El objetivo de esta norma es impulsar la previsión social complementaria.
El anteproyecto de ley responde a la Recomendación 16ª del Pacto de Toledo, que pone el foco en la necesidad de dotar de estabilidad al sistema. Según el Pacto de Toledo, se debe dotar de estabilidad “al actual modelo de previsión social complementaria e impulsar, de forma preferente, los sistema sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el segundo pilar del modelo de pensiones”.
Además, se establece que al modelo de pensiones se le debe dotar de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado. Así, la reforma también se recoge en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con este anteproyecto de ley se quiere facilitar el acceso a planes colectivos a trabajadores de rentas medias y bajas, ya sean de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes.
Impulso a los fondos de pensiones
Asimismo, se contempla un impulso público de los fondos de pensiones, de la negociación colectiva y de la promoción de planes por asociaciones de autónomos y colegios profesionales. En este sentido, según se establece en la normativa, se ofrecerán productos de ahorro a largo plazo con un coste menor que el actual. Igualmente, esta reforma estará acompañadas por una modificación de los incentivos fiscales, de forma que se traslade el beneficio fiscal hacia los partícipes.
Entre sus principales características cabe mencionar la creación de fondos de empleo de impulso público, que facilitarán la adscripción de todo tipo de trabajadores. Las entidades gestoras y depositarias de los mismos se seleccionarán a través de un procedimiento abierto y se contará con comisiones de control propias.
También se facilitará la creación de los planes simplificados, en los que los convenios colectivos de carácter sectorial se convertirán en el instrumento clave de impulso.
Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley pasará a un trámite de información y audiencia pública para recibir las contribuciones de la sociedad civil. Se prevé la aprobación definitiva en 2022.
