Escrivá ajusta a algo menos del 0,4% las comisiones de los futuros planes de pensiones de promoción pública
El texto del anteproyecto que ha sido sometido a consulta pública mantiene que las inversiones tendrán "el interés exclusivo de las personas partícipes y beneficiarias"
Los futuros planes de pensiones colectivos de promoción pública, que ultima el Gobierno deberán tener una comisión máxima por debajo del 0,40%, según el anteproyecto de ley elaborado por los ministerios responsables de la Seguridad Social, Asuntos Económicos y Hacienda y que ha sido sometido a consulta pública.
Concretamente, los gastos de gestión se rebajarán al 0,20%, a lo que habrá que sumar aproximadamente un 0,10% comercial y otro 0,10% por la plataforma digital que alojará los planes, según las fuentes consultadas. Sumando todo ello, la comisión máxima quedará por debajo del 0,40%, una décima menos que el 0,50% máximo de un borrador anterior.
Ese límite que quedará previsiblemente entre el 0,30% y 0,40% sobre los activos gestionados se fundamenta en que los planes de empleo existentes, sobre todos los de empleados públicos, con fondos de más de 100 millones de euros, ofrecen costes de gestión inferiores a esos porcentajes. El otro motivo que justifica ese tope es un estudio basado en las cuentas de resultados de las entidades gestoras de fondos de pensiones. La conclusión es que sus costes también se sitúan algo por encima del 0,30%.
Por tanto, las gestoras de fondos que se presenten a la licitación para gestionar los fondos de empleo impulsados por el Gobierno deberán ofrecer comisiones por debajo de esa cifra. El anteproyecto también recoge que el proceso de selección de entidades gestoras y depositarias estará sujeto a la ley de Contratos del Sector Público, para garantizar los principios de "igualdad, transparencia y libre concurrencia", informa Europa Press.
Este nuevo anteproyecto mantiene como anteriores textos que los activos de los fondos se invertirán teniendo en cuenta "el interés exclusivo de las personas partícipes y beneficiarias", y se deberán valorar la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones. Todo ello deberá responder a unos criterios que valoran los riesgos extrafinancieros y los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, alineados con los Principios para la Inversión Responsable (Unpri).
Además, las gestoras de los fondos de empleo tendrán que proporcionar en sus plataformas digitales la información sobre la evolución y situación de los derechos económicos en el plan, entre otras cuestiones como las modificaciones normativas o cualquier cambio de las especificaciones del plan.
Los negociadores de la patronal y los sindicatos en la mesa de la reforma de pensiones se reunieron ayer nuevamente en su habitual encuentro de los lunes con los responsables del Gobierno liderados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En dicha reunión continuaron cerrando algunos flecos de la primera fase de esta reforma, en la que se encuentra el diseño de los nuevos planes de pensiones de empleo de promoción pública, además de medidas para retrasar la edad de jubilación.
En el encuentro de ayer Gobierno y agentes sociales también hablaron del calendario y las cuestiones pendientes para la segunda fase de la reforma de pensiones. Junto al desarrollo de un nuevo sistema de cotización para los autónomos en el primer trimestre del año, deberán abordar el cálculo de la pensión en las carreras de cotización desiguales. En este punto se tratará la polémica ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión.