Una regulación de las redes de telecos justa y sostenible para el sector

L a gran industria de las telecos europeas ha retomado su larga batalla contra uno de los grandes privilegios de que disfrutan en Europa los gigantes de internet: el uso de las costosas infraestructuras de telecomunicaciones sin contribuir a su financiación. Los presidentes de Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone, Orange y el conjunto de las 12 grandes operadoras europeas reclamaron ayer la necesidad de que las big tech ayuden a pagar la abultada factura que supone el desarrollo de las redes como contraprestación al fuerte uso que estas compañías hacen de ellas. Por medio de una carta abierta, las compañías firmantes recordaron que el pasado año las inversiones del sector ascendieron a 52.500 millones de euros, una cantidad a la que tendrán que sumarse ahora inversiones masivas en 5G, fibra y cable para poder hacer frente al aumento exponencial de la demanda de servicios de cloud y datos de gigantes como Facebook, Netflix o Youtube (Google). Dado que ello supondrá un desembolso de unos 300.000 millones de euros más, las telecos reclaman una regulación que refleje de una vez por todas la realidad de un mercado en el que hoy unas y otras compiten en los mismos servicios.

Tras la demanda de la industria europea hay razones elementales de justicia y de oportunidad. El esfuerzo inversor que han realizado estas compañías a lo largo de los años se ha traducido en una potente red de infraestucturas que han permitido abordar la digitalización de la economía europea y de la que se han beneficiado, además de los propios consumidores, las grandes multinacionales de internet. Pero más allá de ese agravio comparativo, que no es la primera vez que denuncia el sector, la cuestión que está ahora sobre la mesa es cómo asumir la sostenibilidad económica de un modelo de redes que exige un enorme y constante esfuerzo inversor por parte de las grandes telecos, que estas no quieren ni deben seguir asumiendo en soledad.

El sector afronta este reto además en un contexto de debilidad en el mercado y en medio de una ofensiva estratégica por parte de los fondos de inversión, como muestra la reciente opa de KKR sobre Telecom Italia, valorada en 10.800 millones de euros, lo que hace todavía más acuciante la necesidad de repartir la carga de la financiación. Más allá de esas circunstancias, es indiscutible que el músculo inversor que han ejercitado en los últimos años las grandes telecos han beneficiado al conjunto de la economía de la UE y que resulta una cuestión no solo de estrategia, sino de justicia elemental, que Europa aborde una regulación capaz de obligar a los gigantes de internet a realizar una aportación financiera a las infraestruras acorde con todo aquello que reciben y de lo que se benefician.