Corregir los costes de los contratos sin atizar una espiral en los precios
Debe haber flexibilidad, pero las correcciones tienen que estar convenientemente justificadas
Las constructoras llevan un año largo planteando al Gobierno la necesidad de revisar las condiciones de los contratos de obra pública para corregir las desviaciones que se han producido en la práctica totalidad de los materiales a raíz de la fulgurante recuperación de la economía en el mundo, que ha encarecido, además de todas las materias primas, los fletes, la energía y hasta la mano de obra por ausencia de trabajadores para cubrir determinadas actividades. La inflación en las materias primas, la subida de los fletes marítimos y la carencia de ciertos materiales han hecho que en el periodo que va de abril de 2020 a octubre de 2021 se disparen elementos como el aluminio (84%), el acero (95%), la madera (79%) o el cobre (82%), según datos recogidos por Asociación Nacional de Constructores (ANCI). También se han visto afectados el hormigón, productos bituminosos o los áridos, entre otros muchos, y lo han hecho hasta el punto de que hay varios proyectos en marcha que podrían tener que paralizarse por los sobrecostes.
El Ministerio de Transportes y las empresas tienen prácticamente diseñada una fórmula de restitución de las desviaciones en los contratos para evitar un parón de la actividad, pero finalmente será el departamento de Hacienda quien tenga la última palabra, ya que tiene que tener cabida en las cuentas públicas. El planteamiento empresarial consistía inicialmente en recuperar todo el sobrecoste, pero finalmente se ha encontrado el equilibrio en una revisión retroactiva desde el primero de enero, aunque jurídicamente tiene sus complicaciones porque los contratos no admiten con su diseño actual tales actualizaciones. Entre otras cuestiones, porque están prisioneros del cepo que impone la ley de desindexación y el índice de garantía de la competitividad, que aunque han tenido una aplicación muy limitada, afectan a todo contrato público, y que están diseñados para rebajar los costes de producción y recuperar parte de la competitividad perdida en el pasado.
Tiene poco sentido volver a las pretéritas prácticas de hacer proyectos fundamentados en bajas temerarias para lograr las adjudicaciones y después buscar la recuperación de los márgenes con los tradicionales reformados. Pero tampoco lo tiene poner grilletes a los contratos que impidan que en una situación como la actual, verdaderamente excepcional, la ejecución de los proyectos tenga que saldarse con pérdidas. Deben ser en el futuro lo suficientemente flexibles para encajar las desviaciones razonables y no provocar rescisiones de contratos ni concursos desiertos. Y en todo caso, y dada la necesidad de no alimentar ninguna espiral inflacionista, las correcciones deben estar convenientemente justificadas.