Ocho presidentes autonómicos de PSOE, PP y PRC fijan una demanda común sobre financiación regional

Los territorios más despoblados piden una reforma que compense el coste de servicios

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo.

La batalla por la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014, ha comenzado. Mientras el Ministerio de Hacienda ultima los baremos a tener en cuenta para el nuevo reparto de fondos que aspira a consensuar con las regiones, el bloque de ocho autonomías más despobladas ha fijado, pese al distinto signo político de sus mandatarios, una posición común.

Así se logró este martes en la reunión de presidentes autonómicos los presidentes del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); al del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; y a los del PSOE Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias), celebrada en Santiago de Compostela.

Estos territorios suponen dos tercios del territorio español pero solo la cuarta parte de su población. El grupo saldó la cita, que duró casi tres horas, con una declaración común en la que reclaman que el rediseño del modelo de financiación autonómica tenga en cuenta la dispersión de la población y el sobrecoste de prestar servicios básicos en las zonas despobladas. El grupo reclama, a su vez, que la reforma se pacte de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin pactos bilaterales como los sellados con Cataluña.

La declaración que sale del Foro de Santiago se salda con consenso en 35 de los 47 puntos planteados inicialmente y apenas un encontronazo en torno a la pretensión del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, de incluir mecanismos de protección frente a los ataques del lobo.

En definitiva, el bloque pide que el recálculo de la asignación económica destinada a las comunidades prime la tasación de sus gastos reales en función de la dispersión de su población, su baja densidad, la orografía del territorio, y promueva la equidad en el reparto de recursos. “No sería posible la consecución de un sistema de financiación justo e igualitario sin tener en cuenta los efectos reales sobre el coste de los servicios de la extensión del territorio, de la baja densidad y de la dispersión que obliga a los poderes públicos a multiplicar las unidades de prestación de servicios de cercanía”, como escuelas o centros de salud, reza el texto.

 

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