El Gobierno estudia vías para adaptar las licitaciones públicas al alza de precios

Economía, Hacienda y Transportes barajan diferentes fórmulas La patronal de la construcción pide reequilibrar los contratos

Operarios trabajando en una vía de tren.

El Gobierno baraja diferentes fórmulas para compensar a las grandes empresas constructoras por el encarecimiento de los materiales provocado por los cuellos de botellas globales y por el desabastecimiento de productos como el acero, la madera, el cobre o el aluminio. El objetivo, aseguró ayer en un encuentro informativo el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, es reequilibrar los contratos y que las crisis de suministros no rompan el equilibrio contractual de las grandes operaciones previstas o ya en curso.

Para ello, según el presidente de la patronal, el Ejecutivo estaría ultimando un real decreto que estaría ya en estado avanzado. Fuentes oficiales del Gobierno confirmaron ayer estas conversaciones, en las que estarían involucrados los ministerios de Economía, Hacienda y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), aunque recalcaron que “todavía no hay ninguna decisión en firme”. Según fuentes patronales, el texto habría recibido ya el visto bueno de Economía y el Mitma y estaría pendiente únicamente del aprobado de la cartera que dirige María Jesús Montero.

En concreto, aseguró Fernández Alén, el Ejecutivo ha diseñado una fórmula que permitirá volver a la situación previa a la Ley de Desindexación, que eliminó la actualización de los pagos en las licitaciones públicas que corría a cargo de la información oficial actualiza por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos que maneja la patronal, desde septiembre los materiales básicos de los que se sirve el sector se han encarecido un 22%, obligando al 75% de las compañías a tener que retrasar las intervenciones y rechazar los nuevos proyectos. Una de las gotas que ha hecho colmar el vaso, y que ha empujado al Gobierno a trabajar “rápido en una solución”, son dos grandes licitaciones de Extremadura y Comunidad Valenciana que han quedado “desiertas” por el miedo a los sobrecostes.

Según la CNC, en el Ejecutivo hay miedo a que las grandes licitaciones se paralicen, sobre todo teniendo en cuenta que la crisis de los precios se produce en un momento en el que España debería recibir buena parte del grueso de los fondos europeos para la recuperación. Este frenazo, añaden en la patronal, supondría un indudable riesgo para la recuperación económica.

En paralelo, y vinculado al dinero comunitario, la CNC alertó de la “gran falta de mano de obra cualificada” que hay en España y del riesgo que ello supone para el correcto despliegue del plan, que dejará en el sector de la construcción “unos 35.000 millones de euros”.

Para poder “digerir” esta cantidad de dinero, la patronal estima que son necesarios unos 700.000 trabajadores adicionales, que además deberían formarse y especializarse en nuevas competencias vinculadas a la economía circular y verde. Fernández Alén puso como ejemplo la instalación de placas fotovoltaicas o de depuradoras de agua.

Para hacer frente a esta urgencia, la patronal propuso un plan de choque por el que la Fundación Laboral de la Construcción, que prepara anualmente a cerca de 80.000 personas en sus 54 centros, reciba más dinero y pueda llevar al mundo laboral a 200.000 personas al año.

Una ley de vivienda “verde”

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ve “necesaria” la futura ley de vivienda, pero considera que falta “ambición” en cuestiones de materia fiscal y de seguridad jurídica a la vez que sobran definiciones imprecisas, como la de gran tenedor o la de zona tensionada.

“Es un documento muy esperado, se le ha dado mucha importancia al primer texto, pero todavía requiere de una importante depuración”, dijo ayer el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén. La patronal, en concreto, ha trasladado al Gobierno una serie de modificaciones que a su juicio mejorarían una ley que es necesaria pero que nace “desenfocada”. Una de ellas es la promoción de instrumentos fiscales para impulsar la compra de vivienda por parte de los jóvenes.