Escrivá: la pensión máxima subirá lo mismo que suban las bases de cotización más altas

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró ayer que, para la segunda fase de la reforma de pensiones, que se llevará a cabo el próximo año, el Gobierno trabajará “en un moderado destope de las bases de cotización”, lo que supone elevar la cuantía sujeta a cotización (retención) a la Seguridad Social y que para 2022 está fijada en 4.139,40 euros mensuales. Es más, el ministro desveló ayer durante la clausura de las VII Jornada de Planes de Pensiones en España organizadas por Ibercaja y CincoDías, que dicho destope de las bases “se hará manteniendo estrictamente la contributividad del sistema”. Esto quiere decir que las pensiones máximas subirán en la misma proporción que lo hagan las bases máximas de cotización en un futuro. Posteriormente, el ministro ratificó esta intención de subir las bases y las pensiones máximas durante su comparecencia para presentar el avance de la afiliación a mitad de mes. “Todo lo que aumente la base llevará aparejado un aumento equivalente de la pensión”, repitió el ministro. En estas jornadas, que llevaron como título El futuro de las pensiones, el impacto de las macrotendencias más allá del debate político, confirmó también que Gobierno tiene previsto aprobar antes de fin de año en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que regulará los nuevos fondos de pensiones de promoción pública, para enviarlos después al Parlamento y que su tramitación termine en el primer semestre del año, que es el compromiso alcanzado con Bruselas. A este respecto, el titular de Seguridad Social enfatizó que la nueva norma eliminará todos los obstáculos para el desarrollo de los planes colectivos de pensiones. “Tenemos un compromiso que vamos a cumplir, antes de que finalice el año: aprobar en Consejo de Ministros una nueva norma para los planes colectivos de pensiones”, indicó Escrivá. Y explicó que, justo esta semana, su departamento está en conversaciones con expertos y con la industria financiera del ahorro previsión para que “la ley incida en los cuellos de botella que han impedido su desarrollo”. En este sentido, identificó algunos de estos obstáculos que, en su opinión, tienen que ver con la negociación colectiva o con la simplificación de procedimientos para extender estos planes a autónomos, pymes o a empleados públicos. Escrivá hizo un repaso de la reforma de pensiones que negocia el Gobierno en estos momentos con los agentes sociales y que se tramita en el Parlamento. De todas las modificaciones de esta reforma destacó dos como las más importantes: el hecho de garantizar el poder adquisitivo para los pensionistas y los nuevos incentivos para que la edad real de jubilación que no llega a los 65 años se acerque a la legal (66 años). Y calificó esta última herramienta como “la más poderosa con diferencia” para la sostenibilidad del sistema. En este sentido, recordó que el Ejecutivo aprobará el pago de una sola vez de un cheque, que según lo diseñado puede llegar hasta 12.000 euros por cada año que se retrase la jubilación. “Lo que hemos comprobado en las encuestas, y hemos hecho muchas, es la preferencia abrumadora y disponibilidad a demorar la jubilación si el pago se hace de una sola vez”. Asimismo, señaló que junto estos incentivos y al traslado de los gastos impropios de la Seguridad Social al Estado –que prevé que elimine el déficit actual del sistema en 2023–, la opción de retrasar unos meses las jubilaciones anticipadas e incentivar a los trabajadores que lo hagan, cierran el grupo de las principales medidas para sanear financieramente las cuentas del sistema. Tras el revuelo mediático causado por la reciente aprobación del nuevo mecanismo de equidad generacional acordado por el Gobierno y los sindicatos, pero con el rechazo de los empresarios, Escrivá volvió a defender esta herramienta porque “crea una cotización –de 0,6 puntos durante diez años– finalista y relativamente pequeña”. Lo que recaude esta nueva cuota se depositará en el fondo de reserva de las pensiones en el que solo quedan poco más de 2.000 millones y, a partir de 2032, se usará “si las cosas se tuercen” y “si van bien” está previsto que estos ingresos se devuelvan en forma de menos cotizaciones o mayores pensiones. Y, si aun utilizando el fondo no fuera suficiente, Escrivá derivó la toma de decisiones (ajustar el gasto bajando las pensiones, aumentar los ingresos subiendo cotizaciones, o ambas) en la próxima década a los responsables que estén entonces al frente del sistema y a los futuros integrantes del Pacto de Toledo. Escrivá no eludió tampoco referirse a otra de las polémicas de la semana: si el Gobierno tiene o no previsto prolongar a 35 años el periodo de cómputo para calcular la cuantía de las pensiones, algo que Escrivá ha negado hasta la saciedad. En ese punto recordó que el Ejecutivo “tiene el compromiso de evaluar las nuevas carreras profesionales, porque tras la crisis anterior nos hemos dado cuenta de que las nuevas trayectorias profesionales ya no son tan lineales y son más volátiles”. Para compensar las pérdidas de cotización que eso supone, Escrivá dijo que “se puede trabajar en los la elección de años o en la mejora del tratamiento de lagunas; eso lo vamos a hacer el año que viene”, pero no citó la tercera opción que sería aumentar los años del periodo de cómputo.

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