La falta de 'fair play' financiero y jurídico en el deporte base, perjuicio de todos

El deporte amateur ha tomado la iniciativa y hace bandera de la entrega y dedicación con la que gestiona sus entidades

Jugadores del equipo alicantino Intercity.
Jugadores del equipo alicantino Intercity.

Los que amamos el deporte estamos convencidos de que el acceso a una práctica deportiva habitual y organizada constituye parte del cuarto pilar del Estado del Bienestar. El deporte es, sin duda, un servicio esencial que mejora la salud, es clave en el desarrollo armónico y el bienestar de las personas y actúa como palanca fundamental en la lucha por la integración social, acortando las desigualdades estructurales.

En Cataluña, este sistema deportivo se sostiene a base de miles de personas que de forma voluntaria asumen la gestión de clubes y federaciones. Más del 75 % de los clubes catalanes tienen menos de 100 socios y estas entidades son básicamente organizaciones que funcionan gracias al trabajo desinteresado de las personas de su entorno. Estas personas dedican tiempo y esfuerzos en ponerse al frente de juntas directivas, entrenos, organización de eventos, adquisición de uniformes, transportes y un largo etcétera de cuestiones valoradas en 213 millones de euros.

En este artículo nos centraremos en los primeros de esos voluntarios: las juntas directivas; quienes asumen con el patrimonio propio los riesgos que se derivan de su gestión al frente de los clubes deportivos o de las federaciones.

Según la actual normativa deportiva catalana, l@s directiv@s del deporte deben ser personas voluntarias que no pueden tener con la entidad una relación ni laboral ni mercantil, es decir: ni contrato de trabajo ni prestación de servicios. Así, las juntas directivas de las entidades deportivas están atadas al voluntariado forzoso, aunque el club quisiera contar con cargos profesionales al frente. Esto no ocurre en ningún otro sector asociativo y mucho menos en el empresarial, donde se entiende que la dedicación de tiempo y la asunción de responsabilidades debe ser retribuida, con más o menos justicia. Así pues, los directivos del deporte se ponen al frente de las entidades y asumen su gestión combinándola con su vida laboral y familiar.

En el ejercicio de sus responsabilidades, los miembros de estas juntas directivas también asumen riesgos económicos, financieros – que nunca son pocos en el deporte catalán – y jurídicos. Y, por si fuera poco, desde 2010, de estos riesgos se pueden derivar también responsabilidades penales para la propia entidad. Esta modificación del código penal incorporó que podía considerarse también penalmente responsable a las organizaciones en las que se hubiera cometido un delito, sin distinción sobre el tipo de entidad. Aquí se incluyeron también las de base asociativa, sin ánimo de lucro y del sector deportivo que es lo que efectivamente son federaciones y clubes. Esto supuso un cambio de paradigma de nuestro ordenamiento jurídico que, hasta entonces, solo consideraba a las personas físicas como responsable de los delitos. Este cambio de modelo del ordenamiento nos ha acercado al sistema anglosajón y traslada la carga del control debido a las propias organizaciones, que tienen que asumir también las funciones de ser su propia policía.

Hoy nos encontramos que estas entidades deportivas, que gestionan personas voluntarias y que sostienen la base del cuarto pilar del estado del bienestar, deben contar con un sistema de cumplimiento normativo si quieren protegerse ante el más severo de los riesgos de su gestión: el riesgo penal. Los programas de compliance operan como eximente ante las posibles responsabilidades penales que se puedan derivar de actuaciones delictivas que se sucedan en la organización y protegen de este modo al club.

Estos programas, aclaró la fiscalía en su circular de 2016, deben ajustarse a la realidad de cada organización y se entiende que el nivel de intensidad que se le exige al sistema de cumplimiento del Barça no es el mismo que el que se le exige al club del barrio; aunque este último también debe tener uno.

Hoy de la necesidad se está haciendo oportunidad y la obligación de contar con los protocolos de cumplimiento normativo está actuando como verdadero catalizador de la apuesta del deporte base por la gestión ética y transparente. Estamos ante un momento que, tras sonados escándalos en federaciones internacionales o grandes clubes, el deporte amateur ha tomado la iniciativa y hace bandera de la entrega y dedicación con la que gestiona sus entidades. La implantación del compliance normativo es la oportunidad para clubes no profesionales y federaciones de formalizar un compromiso público por la gestión sostenible.

A mí me gusta creer que este es el inicio del camino hacia un sistema de fair play financiero y jurídico en el deporte base, que ha tenido experiencias similares en países como Francia. Sin embargo, aquí, la sociedad civil lo hará, como siempre, solos y con poco o ningún acompañamiento de las administraciones aunque en sus manos esté el cuarto pilar del Estado del bienestar: el deporte de todos.

Isabel Pérez Espinosa, secretaria general de la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya).

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