¿Por qué crecen más las demandas colectivas en Europa que en España?

Resultan incongruentes ciertas restricciones a la hora de plantear reclamaciones masivas que conducen a ineficiencias y altos costes

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Las reclamaciones colectivas son una aspiración y necesidad en España, teniendo en cuenta su consecuente impacto en la velocidad de la justicia. El tiempo de duración de los procedimientos judiciales preocupa a la ciudadanía y condiciona la confianza que se otorga a la Administración de Justicia. Por tanto, resultan incongruentes ciertas restricciones a la hora de plantear reclamaciones masivas, las cuales nos conducen a ineficiencias y altos costes, tanto para las partes involucradas como para los órganos judiciales, incrementando de manera innecesaria el tiempo de respuesta judicial a los conflictos.

Los casos como el cártel de la leche son ejemplos de demandas colectivas en España que muestran la necesidad de una ordenación de la litigación. Un primer paso lo encontramos a través del protocolo aprobado por los jueces de lo mercantil de Barcelona; pero aún estamos lejos del sistema de acciones colectivas como el establecido en EE UU, Reino Unido o Portugal.

España tiene ahora la oportunidad de realizar una modificación legislativa clave, a raíz de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, que permitiría desarrollar acciones colectivas en línea con otros países de Europa.

Conviene echar un vistazo a lo que está pasando en el viejo continente para evidenciar la situación precaria en la que nos encontramos en España. De 2018 a 2020, el número de causas masivas en Europa aumentó en más del 120%, según el CMS, lo cual revela un mercado en pleno auge.

Este estudio altamente especializado sostiene que el aumento de las reclamaciones colectivas en Europa vendría impulsado por la introducción de nuevos mecanismos procesales destinados a facilitar los procedimientos. Así, las acciones colectivas pasaron de 64 en 2016 a 109 en 2020, aumentando las de daños, como la de Gomes contra Mastercard (Portugal), de más de 400 millones de euros, o la de Merricks vs Mastercard (Reino Unido), que contempló una indemnización de 14 mil millones de libras. Y es que el país británico es el que mayor porcentaje de demandas masivas indemnizatorias tiene en Europa, seguido de Holanda.

El análisis de CMS refleja cómo, cada vez más, los acusados se enfrentan a demandas colectivas surgidas del mismo problema en múltiples jurisdicciones simultáneamente, como es el caso del Cártel de Camiones.

Según el Informe Anual Antimonopolio 2020, Hausfeld encabeza el ranking de despachos en EE UU en número de demandas presentadas entre 2009 y 2020, así como en cantidad recuperada para los demandantes con más de 5.240 millones de dólares.

Este análisis refleja solo una parte del potencial que tiene el sector en EE UU, con unos ingresos en esas fechas que oscilaron entre los 225 millones y los 5,3 mil millones de dólares por año. En cuanto a cantidad recuperada para los demandantes, el total acumulado de acuerdos fue de 27,6 mil millones dólares (2009-2020), variando la cantidad media del pago por año entre los 6 millones a los 41 millones de dólares, y el monto medio por año de 2 a 11 millones de dólares.

Este sector, además, es cada vez más atractivo para los fondos. Por citar algunas cifras de crecimiento, de 2009 a 2014 los activos bajo la gestión de fondos en el Reino Unido crecieron de 180 millones de libras a 1.500 millones, un aumento del 743% según el CMS European Class Action Report.

En España, los fondos cada vez están más interesados en invertir en grandes litigios que, aunque por detrás de otros mercados, están siendo impulsados por empresas de servicios jurídicos. Este modelo reporta altos retornos a largo plazo, si bien una regulación de las reclamaciones masivas colectivas o modificaciones legislativas que dotaran de eficiencia las reclamaciones colectivas permitiría que el crecimiento contara con herramientas para ordenar la litigación, evitando el colapso judicial. Esto favorecería la implantación de sistemas de financiación necesarios para este tipo de acciones.

Y es que, aunque entre los bufetes más tradicionales españoles aún no es habitual buscar fuentes de financiación para grandes litigios, lo es cada vez más en Europa. En el caso de Eskariam, con una gestión empresarial parecida a la de los grandes despachos anglosajones, se elige la mejor forma de financiación a largo plazo, pudiendo contar con fondos de deuda, de litigios, family offices e inversores privados (preferentemente ligados a Moira Capital), para formar parte del pull de financiadores con los que se trabaja en función de cada litigio. Eskariam apuesta por el cambio de la regulación en España que permita una eficiente gestión judicial de las reclamaciones colectivas.

Juan Álvarez, COO de Eskariam

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