La reforma de la plusvalía municipal llega tarde y con prisas

La declaración de inconstitucionalidad que ha emitido el Tribunal Constitucional sobre parte del articulado del impuesto de plusvalía municipal no solo aboca a este tributo a su desaparición tal y como hasta ahora ha sido formulado, sino que pone a Hacienda ante la tarea de reformar con urgencia la figura para hacerla encajar en el molde constitucional. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), que constituye una de las principales fuentes de financiación de los municipios, ha sido fuertemente cuestionado en los últimos años y ha generado una elevada conflictividad tributaria y jurisprudencial. El pronunciamiento del Constitucional, hecho público ayer pero cuyo argumentario se conocerá en unos días, ataca directamente el método de cálculo de la base imponible del impuesto, lo que supone un disparo a bocajarro al propio tributo y obliga o bien a su reforma o bien a su desaparición.

Dado que Hacienda ya ha anunciado que está trabajando para constitucionalizar el impuesto, todo apunta a que la vía elegida por el Gobierno es la reforma. La razón es claramente recaudatoria y financiera, por tratarse de una figura que permite ingresar 2.500 millones de euros al año a los municipios y que juega un papel esencial en el saneamiento de las cuentas públicas de los ayuntamientos. El fallo del Constitucional hará un considerable roto en las arcas municipales, puesto que faculta a los contribuyentes durante el mes siguiente a la notificación de su liquidación a recurrirla, como también a aquellos que hayan satisfecho el impuesto por autoliquidación dentro de los últimos cuatro años.

Pese al revuelo que ha causado esta sentencia, no es la primera vez que el Constitucional se pronuncia sobre la ortodoxia del impuesto. A principios de 2017, declaró inconstitucionales y nulos algunos artículos de este, lo que debería haber llevado ya entonces a la reforma en lugar de mantener el articulado sin cambios y provocar considerables problemas a contribuyentes, municipios y tribunales de justicia. El incomprensible retraso a la hora de abordar esa tarea obliga ahora a Hacienda a llevarla a cabo a contrarreloj y bajo la presión de unos ayuntamientos acostumbrados a un nivel de gasto acorde con los sustanciosos ingresos que proporciona el tributo. Más allá de que la solución del Gobierno sea reformular la plusvalía, los municipios pueden, otra cosa es que quieran, optar por una solución menos gravosa para el contribuyente e igualmente ortodoxa: asumir la desaparición del impuesto, que desde 2017 ha seguido alimentando las arcas locales de forma manifiestamente injusta, y adecuar su gasto público actual a esa nueva realidad tributaria.