Urge acelerar las ayudas a empresas solventes y también estratégicas

El fondo de apoyo a la solvencia para empresas estratégicas, que se constituyó en julio de 2020 y cuya gestión se ha asignado a la SEPI, apura los últimos meses de su plazo de actividad –que finaliza en principio el 31 de diciembre– con un desempeño sustancialmente mejorable. Desde su creación, el fondo ha concedido ayudas por importe de 1.347 millones de euros a siete empresas: Air Europa, Avoris, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Plus Ultra, Rugui Steel y Hotusa. En total, 1.347 millones de euros, lo que supone apenas un 13,5% de los 10.000 millones de dotación del instrumento, que forma parte de la estrategia europea de medidas de respaldo económico público frente al Covid-19.

El objetivo que se ha marcado la SEPI pasa por asignar otros 800 millones a 11 empresas más, de forma que pueda terminar 2021 con un reparto total por valor de 2.000 millones, es decir, un 20% del fondo. A partir de esa fecha, el Gobierno deberá tramitar una prórroga para que la empresa pública pueda resolver los expedientes de las más de 60 compañías que esperan respuesta a sus solicitudes, según ha informado el propio Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox. Las empresas solicitantes, la mayor parte de ellas turísticas, acumulan peticiones por 790 millones de euros.

La SEPI ha tenido que recurrir a equipos de asesores externos para tramitar los expedientes, lo que apunta o bien a una falta de recursos para afrontar la tarea de gestión del fondo o bien a un error de cálculo sobre el volumen de posibles solicitantes. Además, del análisis de algunas de las compañías beneficiadas se desprende que el criterio utilizado para seleccionarlas –su valor estratégico– es cuanto menos discutible. A ello hay que unir que algunas candidatas ya presentaban dificultades financieras antes de la irrupción de la pandemia.

La razón de ser de un fondo de ayuda en una crisis es rescatar empresas en dificultades, una tarea que no se limita a la aprobación del instrumento, sino especialmente a la eficacia y celeridad con la que se reparten los recursos. En ese sentido, la falta de agilidad en la tramitación, el volumen de trabajo acumulado y el discutible criterio con el que se están seleccionando algunos de los expedientes apunta a que urge acelerar y mejorar la gestión de este fondo de ayuda a la solvencia. Pese a que España cuenta con abundante experiencia en el mal manejo de ayudas públicas, hay tiempo para acelerar y administrar con eficacia un dinero que resulta vital para el futuro de un grupo de destacadas compañías españolas.