Los efectos contraproducentes del bono al alquiler para jóvenes

La experiencia comparada en otros países apunta al efecto inflacionista de las ayudas directas al alquiler

La creación del bono joven al alquiler, que el Gobierno ha anunciado en el marco de la nueva Ley de Vivienda, ha abierto un amplio debate técnico sobre esta propuesta que no se limita solo al detalle de su diseño, sino que apunta incluso a la eficacia en general del instrumento. De momento, la medida, tal y como la ha planteado el Gobierno –una dotación de 250 euros mensuales a los menores de 35 años con ingresos inferiores a los 23.725 euros– tiene un alcance limitado, ya que cubre únicamente al 19% de los potenciales interesados. Una conclusión que se obtiene al contrastar el universo de población al que pretende llegar el Ejecutivo, con hasta 70.000 beneficiarios, con el hecho de que en España hay 376.300 hogares cuya persona de referencia tiene menos de 35 años, vive de alquiler, y tiene ingresos inferiores a 23.725 euros anuales, según datos del INE.

Pero más allá de la amplia magnitud del problema y del alcance limitado de la propuesta, existen razones fundadas para cuestionar la eficacia de las ayudas directas como fórmula para facilitar el acceso a la vivienda, como también las hay para prever el efecto inflacionario que pueden producir en los precios del mercado. La experiencia de otros países que han puesto en práctica medidas similares apunta en este sentido, lo que explica que economías como Alemania, Dinamarca, Italia o Austria hayan apostado por otro tipo de soluciones, como la rehabilitación de hogares o incluso de barrios enteros y el fomento de la vivienda social. Estudios como el elaborado por el Banco de España sobre esta cuestión en 2020 confirman que la experiencia comparada en esos mercados demuestra que las ayudas directas y los subsidios se trasladan directamente al precio del inmueble y benefician únicamente a su propietario.

La labor de los gobiernos no consiste solo en identificar correctamente los grandes problemas –y este es uno de ellos– sino en buscarles soluciones efectivas, en lugar de apostar por propuestas de indudable rédito electoral, pero bajo nivel de eficiencia. Las dificultades para acceder a la vivienda, que se traducen en la imposibilidad de emanciparse hasta una edad tardía, constituyen un serio problema económico y social en España, hasta el punto de que, según datos de 2020, casi un 60% de españoles de entre 18 a 34 años carece de un hogar propio frente al 15% que padece esta situación en Dinamarca, por ejemplo. Pero tratar de resolver esta cuestión mediante un bono directo al alquiler no solo frustrará el objetivo de la ley, que es facilitar el acceso a un hogar propio en un contexto de altos precios, sino que agravará aún más el problema que pretende resolver.