El bono joven al alquiler cubrirá solo al 19% de los potenciales beneficiarios

El INE cifra en 376.300 los hogares que cumplen con los requisitos del Gobierno El Ejecutivo pretende llegar a un máximo de 70.000 personas

EFE

El bono joven al alquiler anunciado recientemente por el Gobierno, que facilitará 250 euros mensuales a los jóvenes de hasta 35 años con ingresos inferiores a los 23.725 euros, cubrirá únicamente a menos del 19% de los potenciales interesados. Así lo pone de manifiesto la comparativa entre el objetivo del Gobierno de llegar a 70.000 beneficiarios y el universo de posibles receptores detectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que es cinco veces superior.

En España, explican fuentes del organismo estadístico, “hay 376.300 hogares cuya persona de referencia tiene menos de 35 años, vive en régimen de alquiler, y sus ingresos son inferiores a 23.725 euros anuales”. Como resultado, y tomando como referencia el objetivo de hasta 70.000 receptores, solo el 18,6% de este colectivo podría acceder a las ayudas. En un principio, el Gobierno habló de una horquilla de entre 40.000 y 50.000 jóvenes, lo que habría rebajado el impacto al 10,6% y al 13,3% del total, respectivamente.

La iniciativa, enmarcada en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, está dotada con 200 millones de euros y tendrá una duración de dos años. Los solicitantes del bono, además de moverse entre los 18 y los 35 años y contar con unos ingresos por ejercicio que no superen tres veces el actual IPREM (el indicador público de renta de efectos múltiples), deberán tener un contrato laboral en vigor. En el caso de los hogares vulnerables, a su vez, las subvenciones podrán incrementarse en un 40% de su valor.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, avanzó la semana pasada que la cobertura llegará tanto a los jóvenes ya emancipados como a los que busquen salir de su vivienda de origen por vez primera. Además, podrá darse el caso de que en un mismo hogar o unidad familiar opte a esta subvención más de una persona.

Quedan por conocerse sin embargo varios detalles del mecanismo, cuyo diseño continúa debatiéndose. Así, falta por confirmar si todas las tipologías de contratos de trabajo servirán a la hora de solicitar las subvenciones, si las cuantías de las ayudas serán similares en mercados del alquiler con precios muy diferentes entre sí o si, por ejemplo, en el caso de dos compañeros de piso que cumplan los requisitos establecidos, el bono se dividirá para que cada miembro reciba la mitad de la cuantía.

Según cálculos del ministerio, cerca de 70.000 personas se podrán beneficiar del bono, que empezaría funcionar con las nuevas cuentas públicas, el 1 de enero. Esa cifra de personas se podría incrementar hasta los 100.000 jóvenes si se incluyen las ayudas concebidas a través del plan estatal de vivienda, añadió la ministra.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende con estas medidas rebajar la edad media de emancipación en España, que se sitúa hoy en más de 29 años, para ir acercándola a la media de la Unión Europea, que según Eurostat se sitúa en los 26,4 años. Según muestran las cifras recopiladas por el Consejo de la Juventud, un menor de 30 años no puede alquilar en solitario en ninguna de las 17 comunidades autónomas. A nivel estatal, de media, este perfil tendría que destinar casi el 60% de sus ingresos a costear las rentas de cada mes, un porcentaje que dobla el máximo recomendable y que por tanto es inviable para poder afrontar el resto de gastos del día a día.

Por regiones, en Baleares y Cataluña las cotas superan incluso el 100% de los ingresos, mientras que rozan la totalidad en Madrid y Canarias. Dicho de otra manera: de media, un menor de 30 años no podría alquilar en solitario en la Generalitat y el archipiélago balear aun destinando todos sus medios, mientras que sus rentas quedarían seriamente perjudicadas en el caso madrileño y canario. En las zonas más asequibles, por su parte, los ingresos necesarios para arrendar una vivienda casi doblan al máximo tolerable.

La situación es algo más halagüeña para los que oscilan entre los 30 y los 34 años, aunque de nuevo deberían superar la temida frontera del 30% de los ingresos. El sobreesfuerzo seguiría en cifras muy altas, de cerca del 80%, en Cataluña, Madrid y los dos archipiélagos, mientras que no llegaría al 40% en las regiones más asequibles. De media, a nivel estatal, esta franja de edad debería reservar el 65% de sus ingresos a costear la renta.

Una ley que "no va contra el mercado"

Ni la futura ley de vivienda ni algunas de sus medidas, como la regulación de los precios del alquiler, van en contra del mercado, sino “contra la especulación”. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en unas jornadas en torno a la vivienda celebradas en el Congreso, en las que también participaron la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

En un acto con un marcado tinte político, en el que tres de las líderes de Unidas Podemos escenificaron su unión, la titular de Trabajo recalcó que la ley de vivienda “tiene voluntad de contar con los pequeños propietarios”, pues busca “el equilibrio” y no el enfrentamiento entre arrendadores y arrendatarios.

Díaz, que quiso felicitar públicamente a Belarra por la negociación que ha mantenido durante casi un año con el socio mayoritario del Gobierno para dar forma a la norma, señaló que el nuevo paradigma en el acceso a la vivienda, en el que también se inspira el texto pactado, implica “europeizar” esta política en España a través de “los mecanismos más avanzados” que utilizan otros países para asegurar “precios asequibles” del alquiler y “evitar la especulación”. La vicepresidenta, en esta línea, recordó que en la media de la Unión Europea el coste del alquiler supone un 24% de la renta de las familias, porcentaje que en España supera el 40% en el caso de los hogares más humildes.

Está previsto que el Ejecutivo de coalición lleve al Consejo de Ministros el texto de la ley de vivienda el próximo martes 26 de octubre, con el objetivo de remitirlo al Congreso para su aprobación. Es en este momento, aseguró Colau, en el que aparecerán “presiones muy fuertes” por parte de los sectores especulativos que a su juicio pueden provocar que el PSOE tenga la “tentación” de “dilatar” la tramitación, que es la forma de “boicotear” que una ley salga adelante. Colau advirtió al presidente, Pedro Sánchez, de que la norma no puede ser “ni recortada ni descafeinada”.

En paralelo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) tachó también ayer de “preocupante” una norma que agravará “los problemas ya existentes de escasez de vivienda de alquiler” y desincentivará la inversión privada. La norma, añade, generará todo tipo de problemas al interferir con los mecanismos de asignación de mercado e introducir diferencias de trato de “difícil justificación legal” entre grandes y pequeños propietarios.