El ICAC multa a EY con un millón por la auditoría de Sacyr de 2015
Impone dos sanciones de carácter grave a la firma y otras dos al auditor que firmó las cuentas
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha impuesto dos sanciones a EY por su actuación en la auditoría de Sacyr del ejercicio 2015, multas que suman algo más de un millón de euros. Asimismo, ha impuesto otra sanción, por el mismo motivo, al auditor que firmó las cuentas, Francisco Victoriano Fernández Romero, en este caso por 10.000 euros. La sanción, firme por la vía administrativa, ha sido publicada por el BOE de hoy.
La resolución del ICAC no detalla los motivos de la infracción, más allá de citar que se ha impuesto porque la firma auditora y el auditor de cuentas ncumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe”. Las dos sanciones se imponen, una por las cuentas individuales de la sociedad y otra por las del grupo consolidado.
EY, mientras, explica que "Se trata de una cuestión técnica sobre aspectos formales relacionados con la documentación del proceso de auditoría que el organismo público cuestiona en algunos aspectos, pero que EY considera correctos y ajustados a las normas de auditoría, sin afectar al resultado de la propia auditoría". "Los aspectos sobre los que discrepan EY y el ICAC no tuvieron ningún impacto ni efecto en las cuentas o en la situación financiera de la entidad, como se ha comprobado a posteriori”, añade.
La sanción se ha aplicado tomando como base la facturación de EY en el ejercicio anterior a la sanción: el 0,2% por las cuentas individuales (172.634 euros) y el 1% por las consolidadas (863.167 euros). El ejercicio 2015 de Sacyr estuvo marcado por los deterioros de la participación en Repsol, que supusieron un saneamiento de 655 millones de euros (la constructora tenía el 8,5% de la petrolera), unos números rojos que se compensaron con 1.183 millones de plusvalías por la venta de Testa a Merlín. Asimismo, otros ajustes implicaron pérdidas de 800 millones por "operaciones continuadas".