Los proyectos Next Generation y la crisis de las materias primas

Varios países europeos ya han incorporado revisiones de precios en la obra pública, futura o en curso, para compensar por la subida de costes

Desde su anuncio, a mediados del año pasado ya, se viene repitiendo que los fondos Next Generation EU son una oportunidad única para reactivar nuestra economía y cimentar las bases de un modelo futuro más sostenible, competitivo y cohesionado. Es cierto. Por ello es crucial que hagamos el mejor uso de ellos, que obtengamos el mayor retorno y, por supuesto, que no perdamos ni un solo euro del total que la UE ha puesto a nuestra disposición.

Una parte importante de estos fondos recaerá directamente en el sector de la construcción, mediante inversiones en infraestructuras, vivienda o rehabilitación, con un enorme retorno en términos de rentabilidad social. Otra parte por vía indirecta, dado el carácter transversal de la construcción, dentro de proyectos de otros sectores.

Desafortunadamente, apenas ha comenzado la tarea y ya ha surgido el primer escollo en forma de un desorbitado incremento del precio de las materias primas, que se mantiene en a nivel mundial desde mediados de 2020. Son muchos y de carácter global los factores que han generado esta situación, pero entre los analistas parece que hay consenso en que los precios de las materias primas seguirán creciendo en la medida en que la recuperación tome mayor ritmo y siga sin ampliarse la oferta. Así lo apunta el índice Dow Jones de commodities, que refleja movimientos en los precios de los contratos de futuros de un conjunto diversificado de materias primas, pertenecientes a diversos sectores. De 568,84 euros a finales de julio de 2020, ha subido a 855,22 euros a comienzo de septiembre de 2021, lo que supone un incremento de aproximadamente un 44%. Por materiales, cabe destacar los incrementos del acero (104%), el aluminio (82%), el cobre (78%), el cemento (75%) y el petróleo Brent (189%), por no citar la electricidad, titular de portada de los periódicos españoles cada mañana.

Las consecuencias de esta coyuntura son gravísimas para el sector de la construcción de la obra pública, ya que su actividad se rige por una regulación específica, en la cual, desde la entrada en vigor de la Ley de Desindexación, la aplicación de la revisión de precios en los contratos, hasta entonces habitual y automática, ha quedado prácticamente en desuso. Así, las constructoras que trabajan con la administración concurren a la licitación pública con unos precios cerrados en el momento de la presentación de la oferta, que se mantienen durante toda la duración del contrato independientemente de las fluctuaciones reales de los mismos. Es por ello esencial determinar, con un razonable grado de seguridad, el coste final de una obra, lo cual, a tenor de lo que se está viviendo con las materias primas, es hoy por hoy imposible.

Y si licitar en estas condiciones es arriesgado para cualquier empresa, la situación es aún peor para aquellas que tienen obras en marcha contratadas con precios anteriores a la escalada, y cuyos costes de producción y compras se han encarecido más allá de cualquier previsión lógica, llegando incluso a comprometer la viabilidad de las obras.

Ante esta situación, la Federación de la Industria Europea de la Construcción remitió este verano un comunicado a los gobiernos de la UE alertando de que esta circunstancia pone en riesgo la contribución del sector de la construcción al éxito de los programas europeos de recuperación y reclamando mecanismos que compensaran su impacto sobre las empresas y les permitieran continuar su actividad.

Varios países de nuestro entorno ya han recogido el guante y, conscientes de la imperiosa necesidad de implementar una solución con urgencia que les permita estar en condiciones de abordar los proyectos NGEU con garantías de éxito, ya han adoptado diferentes medidas. Por ejemplo en Italia, donde, al igual que en España, no existe la revisión de precios en los contratos de obra, se ha establecido por ley que la autoridad contratante deberá compensar parte del incremento de precios de los materiales, creándose además un fondo específico adicional de 100 millones de euros. Todo con una fecha próxima –como debe ser– para su puesta en marcha, el 31 de octubre de este año.

En Alemania, donde sí existe un mecanismo para la revisión de precios de los materiales y de los salarios de la mano de obra, el impacto sobre las empresas queda mitigado. Aun así, su Ministerio de Construcción considera la posibilidad de un ajuste contractual en casos excepcionales particularmente justificados.

En Francia, por su parte, el primer ministro remitió ya en julio una comunicación a todos los ministerios del país, al objeto de asegurar la continuidad en la ejecución de los contratos públicos y evitar el riesgo de quiebra de las empresas. En concreto, para los contratos en curso, se ha autorizado la ampliación del plazo de ejecución y se exonera de la aplicación de penalizaciones por retrasos debidos al incremento del precio de los materiales, con la posibilidad de compensación de esos costes adicionales debido a imprevistos o modificaciones. Asimismo, para los futuros contratos, se incluirá la revisión de precios.

En resumen, los países de nuestro entorno han reaccionado ante esta deriva imprevisible. Incorporarán la revisión de precios en las licitaciones futuras quienes no lo hacían hasta el momento, y también se dotarán de mecanismos excepcionales de compensación para los contratos en curso.

Y es que nuestros socios han asumido que el marco en el que el sector desarrolle los proyectos NGEU será esencial para garantizar su ejecución al cien por cien. Por ello han reaccionado rápida y eficazmente ante esta coyuntura de las materias primas. Nos toca.

Concha Santos es Presidenta de ANCI