Agilizar el acceso a las ayudas directas a las empresas que puedan sobrevivir

Más de un año después de su aprobación, el paquete de 7.000 millones de euros en ayudas directas para pymes y autónomos afectados por la crisis del Covid-19 no solo no ha logrado cumplir con el objetivo previsto –distribuir la totalidad de los fondos entre el tejido empresarial golpeado por la pandemia–, sino que amenaza con agotar los tres meses que le restan de vigencia sin conseguirlo, atrapado entre una maraña de dudas, problemas y trabas administrativas. Tras haber recibido numerosas quejas y reclamaciones por parte de las empresas, los autónomos y las comunidades autónomas encargadas de gestionar las ayudas, el Gobierno ha tomado la decisión de aprobar una norma que clarifique los criterios de distribución de estas. Como señaló ayer la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, su departamento prepara una “aclaración” del decreto, lo que se une a su intención de solicitar a Bruselas una ampliación del plazo de concesión de los fondos, que termina en diciembre.

Todo apunta a que la aclaración que prepara Economía confirmará la posibilidad de que las ayudas puedan destinarse a la compensación de las pérdidas contables que hayan sufrido las empresas y los autónomos como consecuencia de la pandemia, pero resta por saber si el texto será una mera clarificación o incluirá también una corrección y flexibilización de los criterios de aplicación. Una de las razones que han limitado el acceso al paquete de ayudas –de cuyo montante apenas se ha distribuido la mitad– es la exigencia de que los beneficiarios mantengan facturas pendientes con proveedores, lo que excluye a aquellas empresas que han hecho el esfuerzo de abonar sus deudas durante la crisis y beneficia únicamente a las que no las han saldado.

Tanto la petición de la ampliación del plazo de reparto de los fondos como la revisión del texto del real decreto constituyen decisiones acertadas y necesarias, que deben llevarse a cabo cuanto antes, más allá de que provengan o no de deficiencias técnicas en la redacción de la norma por la que se aprobaron las ayudas. El criterio rector del reparto debería ser en todo caso el proporcionar ayuda a aquellas empresas con suficiente solvencia como para sobrevivir a esta crisis, en lugar de convertirse en inyecciones de liquidez para negocios en quiebra y sin posibilidad de recuperación. A la vista de lo ocurrido en otros países, donde el reparto ha sido realizado directamente por el Gobierno central, tampoco parece haber sido un acierto el haber delegado esa tarea en otras administraciones en lugar de organizar su distribución de forma ágil, directa y eficaz.