El Prat, un ejemplo de falta de rigor e irresponsabilidad institucional

La suspensión de las obras de ampliación del aeródromo de El Prat y el rifirrafe político que ha rodeado y determinado esa decisión constituye un grave ejemplo de mala gestión pública y falta de responsabilidad institucional, además de un cambio de planes que tendrá consecuencias económicas serias para Cataluña y el resto de España. Tras el inesperado anuncio del Gobierno este miércoles sobre la suspensión de las obras de ampliación y el grave cruce de acusaciones entre este y la Generalitat respecto a los motivos de la decisión –una quiebra de la confianza en el proyecto por parte del Ejecutivo catalán, según el Gobierno central, y una “nueva deslealtad” de Madrid, según el Ejecutivo catalán–, la esperpéntica visita realizada ayer por la vicepresidenta Yolanda Díaz a la zona no deja demasiadas dudas sobre las turbulencias políticas que han rodeado la decisión. Díaz, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, en una escenografía que sugiere cualquier cosa excepto seriedad institucional, instó al resto de sus compañeros del Gobierno a visitar la zona protegida de La Ricarda, núcleo del conflicto, para conocer su valor y cambiar “de opinión” sobre la ampliación. Aena, por su parte, señala que el plan cumple con las exigencias de la directiva Hábitats y amplía un 25% las 923 hectáreas protegidas.

La suspensión de la ampliación malogra un macroplan de 1.700 millones de inversión cuyo objetivo era aumentar la capacidad del aeropuerto catalán desde los 55 millones de viajeros actuales hasta los 70 millones. Las obras de ampliación –que incluyen la extensión de la pista que da al mar en El Prat, así como la construcción de una terminal satélite y la reforma de la T1 para convertir la infraestructura catalana en un hub internacional– no solo figuraban en los planes de Aena desde 2017, sino que fueron recomendadas también por expertos de Eurocontrol en un informe publicado en 2019. Se trata, por tanto, de una apuesta estratégica fuertemente respaldada por argumentos técnicos con el fin de mejorar la operativa del aeropuerto y el servicio a los clientes, especialmente cuando se recuperen los tráficos previos a la pandemia. A ello hay que unir el espaldarazo económico que el proyecto supondría para Cataluña y España, que se convertiría en uno de los pocos países europeos que disponen de dos hubs.

La suspensión de la ampliación libera de momento una partida de 120 millones que previsiblemente será recolocada en otros proyectos. Pero la cancelación del macroplan constituye una mala noticia para la recuperación y el crecimiento económico de España, y un ejemplo más de falta de seriedad, rigor y responsabilidad institucional por parte de los dos Gobiernos y de sus socios respectivos.