El Supremo libera a las cementeras de la multa por cártel impuesta en 2016 por la CNMC
El fallo, de finales de julio, se produjo días antes de la sanción de 61 millones a una decena de empresas de conservación vial
La acusación de actuación en cártel que la CNMC impuso en 2016 sobre un total de 23 empresas del sector del cemento, con la consiguiente multa de 29,1 millones de euros, se ha quedado en nada tras el paso por el Supremo.
En sentencia del 21 de julio, de la que ha detofrecido detalle La Información, el tribunal ha ratificado la anterior decisión de la Audiencia Nacional de anular la sanción. La justicia afirma que no hay pruebas concluyentes sobre un reparto de mercado y acuerdos de fijación de precios entre los años 1999 y 2014.
La sanción a 23 empresas del cemento y el hormigón fue de 29 millones
La sección primera de la Sala de los Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha rechazado, en tres autos, los recursos presentados por la Abogacía del Estado. Este revés para la CNMC se produjo días antes de que fuera notificada una multa de 61,3 millones a una docena de empresas de conservación de carreteras por amañar ofertas en el centenar de licitaciones que promovió el Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018.
Este último fallo de la CNMC incluye la petición de inhabilitación para contratar con las Administraciones Públicas, lo que afectaría a filiales de cotizadas como ACS, Ferrovial, Sacyr, OHLA, FCC, Acciona y Elecnor. Las empresas preparan ya sus recursos ante la Audiencia Nacional para frenar tanto el castigo económico como un posible veto en concursos públicos.
En el caso del choque entre Competencia y las cementeras, firmas como Cementos Portland, Cemex y Betón Catalán habían ganado en primera instancia la revocación de las sanciones. Sin embargo, la Abogacía del Estado quiso hacer ver que la actuación judicial no había tratado de verificar la actuación de cada una de las compañías acusadas en la concepción de un plan conjunto. La investigación de la CNMC incluyó el registro de distintas sedes y concluyó con la existencia de un “pacto de caballeros” que instaba a las participantes a consensuar una lista de clientes y un precio de referencia que permitiera una rentabilidad prefijada.
Tal y como informó Cinco Días en mayo, las sentencias de la Audiencia Nacional se fueron agolpando desde diciembre de 2020 admitiendo los recursos de las cementeras en lo que se pedía la anulación de las multas. Estas afectaron especialmente a Cementos Portland Valderrivas (10,2 millones), Cemex (5,8 millones), Holcim (4,4 millones), Promsa (2,35 millones), Betón Catalán (2,34 millones) y Lafarge (1,12 millones).
El Alto Tribunal ratifica sentencias del primer semestre de la Audiencia Nacional
Ya entonces, en declaraciones a este periódico, desde la CNMC se expresó una queja por la dificultad para el acceso a casación ante el Supremo: “Los requisitos son muy rígidos, solo cabe plantear cuestiones que, de acuerdo con la ley y la doctrina de TS, tengan interés casacional”, explicaron.
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