El Gobierno da luz verde a la reforma de las pensiones para que sea enviada al Congreso
Vincula la revalorización de las pensiones a la inflación del año anterior Además, se establece un sistema de penalizaciones y bonificaciones para acercar la edad real de jubilación a la legal
La reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno ya está lista para ser enviada al Congreso, tras haber sido aprobada este martes en el Consejo de Ministros. Entre la batería de medidas contempladas dentro del texto, se encuentran un aumento de las bonificaciones al retraso de la jubilación del 4%; una subida de las penalizaciones a aquellos que decidan adelantar su retiro, que oscilará entre un 2,81% y un 21% en el caso de una jubilación ordinaria; y la revalorización de las pensiones según el IPC, una de las mayores reivindicaciones de los sindicatos.
"Estas medidas vienen a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que quedó en suspenso, en incertidumbre, tras la reforma de las pensiones de 2013. Se recupera el consenso tan valioso para que esta reforma perdure en el tiempo y dé tranquilidad a los pensionistas de hoy y de mañana", ha dicho la portavoz del Gobierno y ministra de la Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras la celebración del Consejo de Ministros.
El texto aprobado este martes en segunda vuelta (el Consejo de Ministros ya había dado el visto bueno a la tramitación del anteproyecto de ley con carácter urgente el mes pasado), tendrá que ser ahora discutido con el resto de fuerzas parlamentarias después de que el Ejecutivo haya estado negociando con sindicatos y empresarios durante meses. "Es un acuerdo que viene respaldado por el diálogo social y creo que eso tiene que ser tenido en cuenta por los partidos políticos. Es susceptible de ser mejorado en tramitación parlamentaria, y espero que así sea, que se intensifiquen los trabajos, para así poder dar cumplimiento a nuestros compromisos con la Unión Europea", ha señalado Rodríguez.
Se deroga el factor de sostenibilidad de Rajoy
Con este primer paquete de medidas para la reforma del sistema de las pensiones, el Ejecutivo deroga el factor de sostenibilidad impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que ataba el cobro de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. Esto, denunciaban los sindicatos, suponía una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. Según cálculos realizados por la Seguridad Social, con este factor los jóvenes que hoy tienen 18 años, que se jubilarían en torno a 2070 y que tuviesen derecho a una pensión de 1.500 euros, hubiesen visto recortada su jubilación en 291 euros mensuales.
En sustitución, el Gobierno introducirá un mecanismo de equidad intergeneracional del que de momento solo se conoce el nombre, ya que el Ejecutivo y los agentes sociales se han dado tiempo hasta el próximo 15 de noviembre para negociar la nueva herramienta.
A su vez, la nueva ley establece una transferencia anual por parte del Estado hacia las arcas de la Seguridad Social, "para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes, en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020", han explicado desde el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá. Esta cantidad de dinero será equivalente a aproximadamente el 2% del PIB, uno 22.000 millones de euros anuales.
Las Clases Pasivas
La aprobación de la ley en segunda vuelta ha introducido la novedad de que las denominadas Clases Pasivas (incluye al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas) también verán sus pensiones revalorizadas según el IPC.
Además, las Clases Pasivas también tendrán acceso a los nuevos incentivos a la demora de las jubilaciones. De esta forma, estos trabajadores podrán optar a un aumento de las bonificaciones por cada año que decidan retrasar la jubilación (el incremento pasa de un 2% a un 4% sobre el importe de la pensión); o bien, en sustitución, también podrán pedir un cobro único que dependerá de la cantidad de tiempo cotizado por la persona en cuestión y por el importe de su jubilación. Como tercera opción, si así lo deseara el pensionista, podrá elegir una fórmula intermedia que suponga una combinación de ambas.
Tras este primer paquete de medidas, el Gobierno y los agentes sociales han dejado para el año que viene la negociación de temas delicados como el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados, para así adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral, o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas.
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