Economía lanza una ley para facilitar la creación de empresas y su acceso a financiación no bancaria
Elimina el requisito de 3.000 euros para constituir una sociedad y lo rebaja a un euro
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo anteproyecto de ley que contempla diferentes medidas destinadas a favorecer la creación de empresas y fomentar su crecimiento sostenido en el tiempo, principalmente durante los primeros meses y años de vida, cuando más pesan las trabas financieras y burocráticas. Con este paquete, el Gobierno busca afianzar la creación y la viabilidad de las compañías en un contexto de crecimiento económico tras el golpe de la pandemia de Covid-19.
Entre una amplia batería de medidas, la norma plantea eliminar el requisito de aportación de capital mínimo de 3.000 euros para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, permitiendo consolidar el proceso con tan solo un euro de capital funcional. A su vez, mejora el acceso a la financiación inicial, principalmente para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y fija que las compañías morosas que tarden en pagar a sus proveedores o socios no puedan beneficiarse de las subvenciones y ayudas directas.
"Se trata de una de las reformas estructurales más importantes del Plan de Recuperación para mejorar la demografía empresarial y para impulsar el crecimiento de las empresas, y con ello una mayor productividad y creación de empleo de calidad", ha explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras el Consejo de Ministros.
“El problema de la economía española”, han detallado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos en un encuentro informativo previo, “no es que nuestras empresas sean menos competitivas que las de otros países, sino que tenemos pocas compañías que tengan el tamaño y el desarrollo que permiten desplegar todas las potencialidades”. Con esta reforma estructural, han precisado, se pretende eliminar todos los obstáculos y trabas que las empresas encuentran en sus procesos.
El anteproyecto de ley, según han apuntado desde Economía, se estructura en tres grandes bloques que se marcan como principales objetivos agilizar la creación de sociedades, apoyar el crecimiento económico y, por último, mejorar los instrumentos de financiación necesarios para que las compañías puedan salir adelante.
En este apartado, fuentes de Economía han recordado que "gran parte de la financiación" de la que beben las compañías viene del sector bancario, "pero sabemos que el crecimiento empresarial requiere y agradece otros instrumentos más adaptados". Entre estos, el Ministerio se ha fijado el impulso del capital riesgo, sobre todo en las etapas más tempranas. Por eso, en este capítulo "reforzamos las plataformas de crowfunding, que tienen la capacidad de facilitar el acceso a la financiación para empresas en una fase inicial". También se contemplan mejoras en la regulación de la inversión colectiva, con figuras orientadas a pymes y a empresas en crecimiento.
También se busca que otros instrumentos de financiación ganen peso en el crecimiento empresarial, principalmente los fondos de deuda cerrados que invertirán en préstamos, facturas e instrumentos comerciales. A su vez, se adaptarán las normativas de las plataformas de financiación participativa para que puedan tomar más impulso y tener mayor escala y financiación en su impacto en las empresas.
Otro apartado incorporará la posibilidad de que las compañías reciban fondos a largo plazo europeos, así como permitirles invertir en fintech. Para los inversores individuales, la participación en estas organizaciones se limitará a 1.000 euros o el 5% de su riqueza, excluyendo fondos de pensiones y propiedades inmobiliarias.
El texto también plantea la necesidad de permitir que la creación de empresas se efectúe de forma enteramente digital y en un plazo máximo de 10 días, sin necesidad de que el constituyente se persone físicamente en ninguna instancia, tal y como ya recoge la directiva europea de digitalización pendiente de trasposición.
El documento subraya a su vez la necesidad de actuar para combatir el incumplimiento generalizado del periodo máximo de pago entre empresas, de 60 días, que afecta especialmente a las pymes que se ven afectadas por la demora de las grandes empresas para mantener su clientela pese a la especial vulnerabilidad que sufren ante problemas de liquidez. Para presionarlas y que paguen, el anteproyecto de ley propone que las grandes empresas morosas no puedan recibir subvenciones y que vean acotados su acceso a los contratos públicos.
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