El Gobierno no convence a los sindicatos con una oferta pública de empleo de 20.697 plazas
La propuesta contempla 11.715 plazas de acceso libre y otras 8.982 de promoción interna
El Gobierno ha planteado este jueves a los sindicatos mayoritarios una Oferta de Empleo Público (OPE) de 20.697 plazas para la Administración General del Estado (AGE) este año, una cifra que tanto CSIF como UGT consideran insuficiente, según han manifestado las dos organizaciones en sendos comunicados.
Según han explicado los dos sindicatos, esta ha sido la propuesta del Gobierno en la reunión sobre temporalidad y empleo de la Administración General del Estado (AGE) celebrada este jueves y que contempla 11.715 plazas de acceso libre y otras 8.982 de promoción interna.
Según ha indicado UGT, esta oferta no garantiza una atención adecuada en organismos "esenciales" como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y no "permite corregir las carencias estructurales en recursos humanos que arrastra la Función Pública".
Desde CSIF también han rechazado la oferta de empleo público porque es "insuficiente" para hacer frente a los graves problemas estructurales que se sufren.
"Estas cifras no son suficientes para reducir la pérdida de efectivos sufrida en los últimos años que se sitúa en torno al 22%, ni para hacer frente a las jubilaciones que se van a producir", señala CSIF. "Desde la fecha actual, hasta 2030, se estima que el 56,3% de la plantilla se jubilará", añaden.
Además, UGT ha señalado que ya se han recortado más de 40.000 puestos de trabajo en la última década, lo que supone un 22% del total de recursos humanos de la Administración General del Estado.
UGT también ha pedido que se cumplan las orientaciones marcadas por el anterior ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y se de más celeridad a las convocatorias de Oferta de Empleo Público, como por ejemplo la de 2018 de personal laboral, aún sin convocar, así como una mayor simplicidad y agilidad en los procesos selectivos.
En paralelo, debido a la polémica ocasionada el miércoles por la aprobación in extremis del decreto para reducir la temporalidad en el sector público, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la "enorme inseguridad jurídica" generada en todo el proceso. Feijóo ha recriminado a este respecto que el decreto se ha convalidado "con el objetivo de volver a hacer un nuevo texto", en referencia al acuerdo para tramitarlo como proyecto de ley e incluir que los interinos de las administraciones públicas desde hace más de 10 años podrán acceder a la plaza sin opositar.
"No sabemos cómo va a acabar y lo lamentamos profundamente", ha dicho, al tiempo que ha instado a buscar un marco de "seguridad jurídica" porque esta decisión afecta "a todos los empleados públicos", no solo a los temporales, sino a los que tienen plaza fija o a los que están preparando las pruebas selectivas.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, llamó este jueves a "acostumbrarnos" a sofocos parlamentarios como el que ayer sacó por un solo voto el decreto sobre los interinos en la administración pública, y que se han de resolver según ella con diálogo y pacto, y se remitió al Tribunal Constitucional para que decida si cumple o no con la Carta Magna, aunque "en el Gobierno creemos que se cumple".
La vicepresidenta restó gravedad a los apuros parlamentarios del Gobierno al comentar que "la ecuación de ayer, igual que todas las ecuaciones, se resuelve con entendimiento, correlación de fuerzas y democracia, y este Gobierno está en minoría, y por tanto lo que tenemos que hacer es tener una enorme sensibilidad y negociar".
En toda esta malgama, los sindicatos CSIF, UGT y CC OO han advertido también este jueves de la complejidad de los cambios anunciados este miércoles en el Congreso para sacar adelante la normativa sobre interinos y han pedido que se tramite garantizando la seguridad jurídica necesaria. El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha incidido así en que el Congreso tiene que dar ahora forma legal a un texto con seguridad jurídica "para evitar que estos procesos selectivos sean tumbados por los tribunales".