España no puede acostumbrarse a su escandalosa tasa de paro juvenil

Existen muchas razones para preocuparse muy seriamente por la desmesura y el carácter casi crónico del desempleo entre los jóvenes españoles

La crisis desatada tras la irrupción del Covid-19 ha logrado que España deje de ser solo uno de los países europeos con mayor tasa de paro juvenil para convertirse en el que encabeza esa triste clasificación en toda la OCDE. Así se recoge en el último informe sobre empleo realizado por el organismo, en el que se afirma que, durante los primeros cuatro meses de la crisis, el desempleo subió en más de diez puntos entre los jóvenes españoles de 16 a 24 años –el triple que el registrado en los mayores de 25– hasta alcanzar el 42%. Ese porcentaje está actualmente en el 38%, lo que sigue situando a España en la primera posición de la OCDE, por delante de Grecia, que ostentó el liderazgo durante buena parte de 2019.

Existen muchas razones, razones de peso bien conocidas, para preocuparse muy seriamente por la desmesura y el carácter casi crónico del paro juvenil en España. Aunque las estadísticas no reflejan el empleo oculto, relacionado mayoritariamente con la economía sumergida, la radiografía que dibujan es esencialmente verdadera, y constata, una vez más, una contundente serie de fracasos: el fracaso del sistema educativo, el fracaso de las políticas de empleo, la desconexión entre las necesidades reales de las empresas y las competencias de los jóvenes españoles, y la inflexibilidad e ineficiencia de un mercado laboral que cuando llega una crisis deja los contratos de los más jóvenes casi como única opción posible para realizar un ajuste de plantilla.

La experiencia de España con los programas de ayuda y los planes de choque contra el desempleo juvenil, frecuentemente utilizados como señuelo populista, ha sido también un desastre sin paliativos, constatado por la propia Bruselas, como ocurrió con el programa Garantía Juvenil de 2013, financiado con fondos europeos. Otro tanto puede decirse de unas reformas educativas, tanto en la universidad como en el ámbito de la formación profesional, que no han servido para atajar un problema para el que no bastan las ocurrencias y los discursos políticos.

Un país en el que casi un 40% de los jóvenes menores de 25 años no tiene empleo afronta un grave riesgo no solo en cuanto al futuro de su economía, sino en lo que se refiere el funcionamiento pacífico de su convivencia civil. Las soluciones para abordar el sombrío panorama que tienen ante sí los jóvenes españoles incluyen una reforma seria e integral de la educación, con especial atención a la FP, una mayor y mejor colaboración entre la empresa y la universidad o el centro de formación, una reforma laboral que facilite la contratación y una economía lo suficientemente flexible como para poder seguir recuperándose y creando más y más empleo.