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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El Gobierno debe racionalizar el reparto de las ayudas directas

La medida puede acabar convirtiéndose en un desincentivo para el cumplimiento de las obligaciones financieras de las compañías, además de sentar un peligroso precedente

CINCO DÍAS

El sector turístico español está afrontando con enorme esfuerzo las dificultades de una crisis que ha golpeado con extrema dureza a esta industria y que ha dejado un horizonte lleno de problemas e incertidumbres. Un ejemplo de ello son las dificultades que están sufriendo las empresas para poder acceder a los 7.000 millones de euros de ayudas directas que ha aprobado el Gobierno, un montante que no solo está en su mayor parte todavía sin repartir, sino que puede quedarse finalmente fuera del alcance de muchas de las compañías que lo necesitan. Un total de 15 patronales, del sector turístico mayoritariamente, han denunciado públicamente que la aplicación de los criterios fijados por Hacienda para acceder a las ayudas discriminan a las empresas que, pese a las dificultades, han cumplido hasta ahora con sus pagos y facturas mientras premian a las que no lo han hecho.

Aunque el reparto del dinero corresponde a las comunidades autónomas, las patronales sostienen que las directrices dictadas por Hacienda establecen que los fondos deben destinarse a cubrir el impago de facturas y costes fijos, lo que deja fuera del reparto a aquellos empresarios que se han esforzado por saldar sus deudas y que han recurrido incluso a su propio patrimonio para hacerlo. Las patronales se quejan, además, de que en la interpretación de Hacienda prima el cumplimiento de las obligaciones financieras relacionadas con la concesión de créditos ICO, con aval de la banca, lo que discrimina a aquellos negocios que no han utilizado ese recurso o que no han podido siquiera llegar a solicitarlo.

Hacienda rechaza haber realizado ninguna reinterpretación del texto de la norma, aprobada por Economía, pero más allá de cual haya sido el organismo responsable de los criterios de reparto, se trata de unas directrices cuyo diseño carece de equidad, de eficacia e incluso del más elemental sentido común. Por un lado, porque presupone que las empresas que cumplen con sus obligaciones contractuales y mercantiles no tienen dificultades financieras, lo cual es falso, como pueden demostrar muchos empresarios y profesionales autónomos. Por otro, porque da por hecho que todo empresario moroso carece de recursos para hacer frente a sus obligaciones, algo que tampoco es cierto en todos los casos. Como consecuencia de ambos errores, el reparto de las ayudas puede acabar convirtiéndose en un desincentivo para el cumplimiento de las obligaciones financieras de las compañías, además de sentar un peligroso precedente de cultura empresarial. Economía o, en su caso, Hacienda están todavía a tiempo de corregir una norma que puede acabar favoreciendo el objetivo contrario al que persigue.

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