Demasiado empleo público para una Administración digitalizada
La mayoría de las funciones son susceptibles de elevar la productividad con más tecnología y menos personal
Llama la atención que, durante los meses más duros de las últimas crisis con gran daño para la ocupación, tanto en la de 2009 como en la de 2020, el empleo público registrara un exuberante comportamiento, en un ejercicio irresponsable de generar puestos de trabajo artificiosos cuyo coste tenían que soportar cada vez menos contribuyentes con impuestos cada vez más elevados. El año pasado tenía explicación el incremento de empleados públicos en las actividades sanitarias y educativas para hacer frente a la crisis pandémica y al desdoblamiento de aulas en el sistema educativo, pero carecía de ella que mientras el empleo privado se contraía a tasas superiores al 5% anual, el de carácter público avanzaba a ritmos del 6%, con profusión de plazas en los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
No llama menos la atención el hecho de que durante los años más críticos, frente a los ajustes retributivos en el sector privado para poder recomponer la competitividad perdida vía costes, las remuneraciones de la función pública no dejasen de subir y marcar una tendencia difícil de replicar en las empresas, y todo ello pese a contar con el privilegio negado al sector privado de la eternidad en el puesto. Contrasta, sin embargo, con un avance desmesurado de las tasas de temporalidad, tan elevadas y más que en la actividad privada en muchas esferas de la función pública, especialmente en las municipales y autonómicas, así como el creciente número de contrataciones interinas en abuso de la norma, un comportamiento recriminado por los tribunales.
Pero esta discutible práctica se proyecta también desde la cúpula de la Administración, desde el Gobierno, que tiene un número creciente de empleados de confianza. Ahora los ministerios tienen nada menos que 764 empleados de tal naturaleza, situados en la franja remunerativa más elevada a cargo del Presupuesto, y que cesarán cuando lo hagan sus superiores. Es una cantidad récord que supera la marca máxima previa también lograda por el primer Gobierno de Sánchez. Se trata de un 27,5% más que los que tenía el Gobierno Rajoy, para buscar una comparación no alejada en el tiempo.
Independientemente de que este colectivo sea muy numeroso por tener el Ejecutivo de coalición también el mayor número de ministerios, el Gobierno debe enfrentarse en algún momento a una reforma de la función pública en todos sus niveles que redefina su tamaño en una era digital que resuelve en un clic infinidad de gestiones antes atendidas detrás de una ventanilla por un funcionario con manguitos. Salvo las funciones educativas, sanitarias y de atención a la vejez, todas las demás son susceptibles de elevar la productividad con más tecnología y menos personal, y, por tanto, menos gasto en un Estado superendeudado.