Ábalos plantea que los alquileres puedan subir hasta un 10% en las zonas tensionadas

Los inquilinos a los que les caduque el contrato podrían acogerse a una prórroga

La nueva propuesta del PSOE insiste en hacer uso de los incentivos fiscales

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos. EFE

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha enviado este miércoles una nueva propuesta a Unidas Podemos para intentar consensuar la futura ley estatal de vivienda, que lleva varios meses enquistada. El documento contiene diferentes planteamientos que el PSOE ha ido trasladando en las últimas semanas a su socio, como la posibilidad de servirse de los incentivos fiscales para propiciar bajadas en los precios del alquiler o que los ayuntamientos puedan declarar una zona como tensionada. Sin embargo, en la última propuesta, el departamento dirigido por José Luis Ábalos abre la puerta también a que, en estas áreas, los nuevos contratos puedan subir un máximo del 10% sobre la renta anterior.

Así, en el caso de nuevos contratos por cambio de inquilino en un ámbito declarado como de mercado residencial tensionado, explica el documento, "se limita a un 10% el incremento de la renta de alquiler sobre la última renta del contrato anterior". En estas áreas, a su vez, los inquilinos que terminen su contrato podrían acogerse en su finalización a una prórroga extraordinaria, "de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años", en los mismos términos y condiciones.

La principal novedad del nuevo planteamiento, explica la cartera que dirige Ábalos, funcionaría como "un mecanismo adicional que, excepcionalmente y acotado en el tiempo", podría "intervenir en el mercado para amortiguar" la tensión de los precios "y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda las carencias" de las zonas tensionadas.

Según detalla Transportes, este mecanismo adicional debe tener en cuenta "que la responsabilidad en la garantía del derecho constitucional del acceso a la vivienda corresponde a los poderes públicos, tener la suficiente solidez técnica y seguridad jurídica para su permanencia en el tiempo, no producir efectos indeseados de reducción drástica de la oferta que puedan producir efectos de expulsión de las familias contrarios a los buscados y que los índices de precios publicados por el Ministerio y por otras administraciones que los han implementado se han demostrado poco eficaces para el objetivo que se pretende conseguir".

La nueva oferta, recalcan fuentes de Transportes, "cumple escrupulosamente los acuerdos firmados y que tiene como gran objetivo acabar con la subidas abusivas, contener rentas y conseguir bajar alquileres". "Creemos que es necesario aprobar cuanto antes una ley que garantice la función social de la vivienda, que atienda a los más vulnerables y que esté dotada de seguridad jurídica", añaden. La propuesta, sin embargo, sigue sin convencer a Unidas Podemos, que por el momento dice que "no hay avances". "La única manera de bajar los precios es con índices de referencia, no con incentivos fiscales. Seguimos trabajando para cumplir con lo pactado", ha escrito la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien capitanea las negociaciones por parte de Unidas Podemos.

Mercado tensionado e incentivos

La propuesta, de nuevo, contiene la posibilidad de que las Administraciones competentes en materia de vivienda puedan declarar, de acuerdo con su normativa reguladora, "zonas de mercado residencial tensionado a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado". Esta declaración tendría un valor máximo de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente siguiendo el mismo procedimiento.

En lo relativo a las deducciones fiscales, el planteamiento del ministro de Transportes parte de una bonificación general para los propietarios de vivienda habitual del 50%, 10 puntos menos que la actual. Estos incentivos, sin embargo, se elevan hasta el máximo del 90% si el casero y la vivienda cumplen con ciertos supuestos.

Sería del 60% en el caso de que las rentas no sobrepasasen unos topes máximos fijados por una norma jurídica en base al índice de precios o de que se hayan llevado a cabo obras de rehabilitación que supongan un desembolso de más de seis meses de renta; del 70% si incorporan a un área tensionada inmuebles que antes no estuviesen considerados como viviendas habituales o si alquilan a menores de 35 años; y del 90% si rebajan el alquiler al menos un 10% respecto a un contrato previo en una zona tensionada.

Además de todo, habría un plus a la bonificación general del 50%, "que todavía está en estudio", en el alquiler de viviendas a inquilinos con ingresos reducidos. Asimismo, detalla la cartera que dirige Ábalos, "se propone establecer un porcentaje de reducción del 70% para las viviendas acogidas a programas públicos de alquiler social o a precio asequible y para la cesión o alquiler de vivienda a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a hogares o colectivos vulnerables.

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