Acuerdo para penalizar la prejubilación y premiar la prolongación laboral

El Gobierno y los agentes sociales sellan el pacto para el primer paquete de medidas de reforma de las pensiones

Se deroga el factor de sostenibilidad que será sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional aún por determinar

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE

El Ejecutivo ha sellado este lunes con sindicatos y patronal la primera parte del acuerdo para la reforma del sistema de pensiones. Entre las principales medidas contempladas dentro de este pacto, se incluye la revalorización de las pensiones según el Índice de Precios al Consumo (IPC); la implantación de un incentivo del 4% por año para aquellos que decidan retrasar su jubilación; el aumento de las penalizaciones, que podrían alcanzar hasta un 21% de la pensión, para aquellos que decidan adelantarla; y la derogación del factor de sostenibilidad incluido en la reforma del Gobierno de Rajoy de 2013. Éste último será sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional aún por determinar que entraría en vigor en 2027, que deberá ser aprobado antes de que termine el año para así ser incluido en la nueva ley.

El acuerdo, que según han matizado desde la CEOE todavía debe ser ratificado por los órganos de gobierno de la organización que votarán a este respecto el martes a la tarde, ha llegado después de varias semanas en las que tanto sindicatos como Gobierno daban el pacto por "iniminente", pero que desde la patronal no se terminaba de dar por cerrado. Una vez solucionados "los flecos" que quedaban, el acuerdo finalmente contempla dos grandes demandas de los sindicatos: la derogación del factor de sostenibilidad, que ligaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida; y la revalorización de las pensiones según el IPC.

Las medidas acordadas una a una

El plan acordado establece que las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año con el IPC de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. En caso de que el IPC resultase negativo, las jubilaciones no se reducirían, sino que se mantendrían igual.

En cuanto al aumento al 4% (actualmente es un 2%) de la pensión por cada año que el trabajador retrase su jubilación, podrá sustituirse por un cobro único que estará determinado por el importe de dicha pensión y el tiempo cotizado.

Por su parte, las penalizaciones a la jubilación adelantada variarán según se haya accedido a esta tras un despido o si por el contrario ha sido mediante una jubilación ordinaria. En el primer caso, el trabajador sufrirá una penalización que irá desde el 0,5% hasta un máximo del 30%, en caso de que haya decidido adelantar la jubilación cuatro años y haya cotizado menos de 38 años y medio. Si por el contrario se trata de una jubilación ordinaria, la persona que decida adelantarla sufrirá una penalización que irá del 2,81% al 21%.

Por último, en la nueva ley se establece que el Estado realizará una transferencia anual a la Seguridad Social para ayudar a la financiación del sistema de pensiones, que rondará el 2% del PIB, según ha explicado Comisiones Obreras en un comunicado. "Se culmina así el cumplimiento, hasta la fecha, del principio de separación de fuentes y se garantiza desde ahora mismo cerca de la mitad del incremento de financiación adicional, que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050", han dicho desde el sindicato.

Uno de los objetivos de la nueva reforma es el traslado de los denominados "gastos impropios" de la Seguridad Social, que según el ministro Escrivá ascienden a unos 18.000 millones de euros, a Hacienda y así acabar con el famoso déficit de las arcas de la Seguridad Social. Con esta medida se prevé preparar las cuentas para el terremoto que supondrá la jubilación de la llamada generación del baby boom, cuyo efecto se buscará paliar con el segundo paquete de reformas previsto para 2022.

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