El Consejo de Ministros aprueba la rebaja fiscal para recortar un 10% la factura de la luz
Rebaja el IVA del 21% al 10% hasta el 31 de diciembre y con condiciones, y suprime el impuesto de generación por tres meses
El recorte del IVA se aplica a todos los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios (kW) hasta que finalice 2021, siempre y cuando el precio medio mensual del mercado mayorista se sitúe por encima de los 45 euros/MWh. Esta rebaja se aplicará tanto a los consumidores acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) o tarifa regulada como a los que se encuentran en el llamado mercado libre.
"Afectará a la práctica totalidad de los hogares" ha indicado Montero, apuntando que la potencia contratada media por los particulares es de 4,1 kilowatios. Además, se beneficiarán tres cuartas partes de los clientes autónomos o de empresa, si bien la también ministra de Hacienda ha recordado que en este caso no se trata de una rebaja fiscal, puesto que las empresas repercuten el IVA en el precio final de los bienes o servicios que venden, "pero sí supone un alivio de la tesorería".
La rebaja del IVA será aplicable a todos los consumidores vulnerables independientemente de la potencia contratada y del precio de la electricidad hasta fin de año. Montero ha insistido en que la reducción del IVA es transitoria, y que el Gobierno ha informado a Bruselas del cambio fiscal. Según Montero, el impacto en las cuentas públicas será de 857 millones de euros, de los que unos 500 contarán como déficit público en 2020 y el resto, en 2021.
En paralelo, y apuntando en este caso al tejido productivo, esta medida se ha complementado con la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (7%) durante el tercer trimestre del año, que rebajará el precio en el mercado mayorista en 6 euros el megawatio hora. Esta medida recortará la factura para industria y servicios entre el 5% y el 6%, ha indicado Montero, lo que supondrá un impacto de unos 400 millones de euros que, en todo caso, no tendrá impacto en el déficit público, ha indicado Montero. Además, se complementará con ayudas de 100 millones de euros para el sector electrointensivo.
Estas medidas pretenden aliviar el impacto económico en los bolsillos de los consumidores provocado por el aumento en los últimos meses del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista. El precio medio en las dos primeras semanas de junio se situó en 81,50 euros por megavatio hora (euros/MWh), un precio que es un 81% superior a la media registrada en los últimos cinco años en el mes de junio, y que se debe, entre otras variables, al incremento de precios en el mercado de derechos de emisiones de CO2.
Si bien el Ejecutivo ha recalcado que son de carácter temporal, a la espera de decisiones de carácter más estructural. Además, ha indicado Montero, si la rebaja del IVA tuviera carácter de permanencia "habría que pedir permiso, y España tiene advertencias de Bruselas por el uso abusivo del IVA reducido". Montero no ha descartado, en todo caso, hacer esta medida permanente: "Lo evaluaremos en diciembre".
Así, el Gobierno se ha referido a las medidas actualmente en tramitación para contener el precio de la energía: "Nos damos un plazo para ver si las medidas previstas han entrado en vigor y si han tenido impacto en el mercado. Además, en paralelo está la propuesta de reforma fiscal, y obviamente la fiscalidad del sector eléctrico hay que analizarla en su totalidad. Tenemos estos seis meses para medir el impacto de las medidas estructurales que son las importantes", ha apuntado Montero. "Ahora atendemos de forma paliativa y urgente", ha indicado.
Ribera se ha referido también a la propuesta del ejecutivo para reducir los beneficios "caídos del cielo" para las instalaciones de generación de energía que no emiten CO2 previas a 2005 (y que cobran el precio más alto del sistema), señalando que la voluntad del Ejecutivo con esta norma es de "perdurabilidad", por lo que la tramitación no se realiza de forma urgente. "Habría sido malo que quien quiera hacer aportaciones no hubiera podido". Ha recalcado además la elevada litigiosidad que ha sufrido España en cortes de arbitraje ligada a los decretos que afectaron a la retribución de la energía.