El Gobierno limitará a 5 euros por m² el alquiler de los pisos construidos con ayudas de la UE

Los promotores optan a recibir 50.000 euros por cada vivienda El arrendamiento asequible tendrá que durar al menos 50 años

Viviendas en construcción en Málaga. GETTY

Las 20.000 viviendas destinadas al alquiler asequible que el Gobierno aspira a levantar en edificios energéticamente sostenibles gracias a los fondos europeos tendrán un precio máximo de cinco euros por metro cuadrado al mes, ligeramente modulable en función de detalles como si el inmueble dispone de trastero o plaza de aparcamiento. De esta forma, las casas de entre 76 y 90 metros cuadrados, las más frecuentes de toda España según el Instituto Nacional de Estadística, se ofertarían entre los 380 y los 450 euros mensuales, un precio notablemente inferior al del mercado, sobre todo en las ya conocidas zonas tensionadas.

Este precio base, que se mantendrá inalterado durante los primeros dos años, podrá después acompasarse a la evolución del IPC y a otros detalles que se pacten entre el Estado y las comunidades autónomas y gobiernos locales, quienes se harán cargo en última instancia de la gestión de las viviendas, detallan fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Otro de los requisitos para poder acceder a las ayudas es que las nuevas viviendas se destinen al arrendamiento asequible durante al menos 50 años.

Los planes del Ejecutivo se enmarcan dentro del programa para el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o asequible, dotado con 1.000 millones de euros con cargo al Plan de rehabilitación y regeneración urbana, que en conjunto dispondrá de un total de 6.820 millones de euros que a su vez beben de los casi 70.000 millones que recibirá España en transferencias directas para ejecutar todo el Plan de Recuperación.

El objetivo final del Gobierno, que ha desplegado diferentes líneas de actuación para este propósito, es engordar poco a poco un ínfimo parque público de vivienda que en España ronda el 2,5% del total del parque residencial, uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea y a años luz del de Países Bajos (30%), Austria (24%), Dinamarca (21%) o Suecia (20%). Y hacerlo además con edificios energéticamente eficientes.

Para levantar estas 20.000 viviendas y poder hacer uso de los 1.000 millones de euros, el Gobierno prevé dos líneas de actuación. A un lado, se potenciará la obra nueva sobre terrenos de titularidad pública, “principalmente municipales”, explican las mismas fuentes, y a otro, la rehabilitación y reconversión de edificios que actualmente tienen un uso diferente al residencial.

Los encargados de gestionar todo el proceso, que podrán recibir ayudas de hasta 50.000 euros por vivienda, serán las propias administraciones y empresas públicas, pero también entidades público-privadas, empresas privadas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por la administración. De hecho, aunque las promociones pueden ser financiadas en su totalidad por los promotores públicos el Gobierno dice querer “impulsar fórmulas de colaboración público-privada que optimicen la utilización de los fondos”.

Los promotores de estas 20.000 viviendas, incluyendo a quienes decidan dar una segunda vida a inmuebles que hoy tienen usos distintos al residencial, podrán obtener una ayuda que será proporcional a la superficie útil de cada vivienda. Esta será de hasta un máximo de 500 euros por metro cuadrado de superficie útil, no pudiendo exceder en todo caso los 50.000 euros por piso. La subvención, a su vez, no podrá superar el 60% de la inversión total.

Eficiencia y renta

Para poder obtener las ayudas directas, las nuevas viviendas deberán ser energéticamente sostenibles, con una emisión que oscile entre los 16 y los 34 kWh/m2 año (kilo watios hora por metro cuadrado útil al año) en función de la calificación energética en territorio peninsular y entre los 20 y los 43 kWh/m2 año en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Los inquilinos, por su parte, deberán tener unos ingresos que no superen en conjunto tres veces el Iprem (unos 1.695 euros al mes), ampliable a cuatro (2.260 euros) y cinco veces el Iprem (2.824 euros) en función del tipo de familia numerosa o de si alguno de los miembros tiene una diversidad funcional.

Plan conjunto

Las 20.000 viviendas públicas y con un alquiler por debajo del mercado, construidas gracias a los fondos europeos, forman parte de un plan conjunto que prevé alcanzar las 100.000 casas con precios asequibles en toda España antes de que termine la legislatura. La idea del departamento que dirige José Luis Ábalos pasa porque el parque de vivienda social de las administraciones sume 44.000 viviendas, mientras que unas 56.000 procederán de la colaboración público-privada para la creación de un fondo social. Por el Plan 20.000, por el momento se han proyectado unos 24.000 inmuebles, que se sumarán a los 20.000 con cargo al fondo europeo. En la pata público privada, se prevé alcanzar acuerdos con las entidades financieras y la Sareb para sumar 26.000 viviendas, y con el sector inmobiliario para aumentar el parque asequible en otros 30.000 pisos.

Desahucios

El Gobierno no habilitará más prórrogas del decreto antidesahucios que expira el próximo 9 de agosto, sino que aprobará un nuevo decreto para proteger de manera "estructural" a las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta que saque adelante la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Así lo ha anunció ayer el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en una comparecencia en el Congreso para informar del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Vamos a tratar de adelantar vía real decreto lo que tenemos previsto en la ley de vivienda, de tal modo que no sea una prórroga de una situación excepcional, sino que sea ya estructural, aunque en esa parte nos adelantemos a la propia ley, que evidentemente va a tardar más tiempo en su debate", dijo el ministro.

Ábalos recordó que el decreto que ha paralizado los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional durante la pandemia "venía a atender una situación excepcional derivada del Covid", pero añadió que luego se dieron "cuenta de que con eso no se resolvía el problema, porque había situaciones precovid" que la crisis sanitaria había agravado.