Iberdrola cree que la actual tarifa regulada debería revisarse y reclama una reforma fiscal energética
Asegura que los precios de la PVPC debería revisarse para que fuera más similar a las de otros países.
La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha pedido hoy una reforma de la fiscalidad energética para que haya un terreno de juego "justo" para los diferentes sectores energéticos que incentive el uso de la electricidad verde. Y ha insistido en que la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) debería revisarse para que fuera más similar a las de otros países, para recordar que la tarifa PVPC, a la que tanto se están refiriendo los últimos días, la fija el Gobierno.
Santamaría, que ha participado en un curso de verano de la UIMP en Santander, organizado por la Apie y BBVA, ha explicado que esa tarifa la tienen entre 10,7 y 11 millones de consumidores, es decir, el 10% de la energía en el país, existiendo la posibilidad de contratar otro tipo de tarifas con las 350 compañías que hay en el mercado libre.
También ha señalado que en la tarifa PVPC, que tiene como componentes el precio de la energía, los peajes, los cargos y los impuestos, se trasladan directamente las variaciones de precios del mercado mayorista. Y ha aclarado que en los últimos tiempos los precios en el mercado mayorista han experimentado un enorme alza como consecuencia de la subida del precio del gas por la demanda asiática y de los derechos de emisiones de CO2.
Ha subrayado, además, que en la regulada los cambios se transmiten directamente al consumidor, que "es difícil que lo entienda". Aunque en otros países hay más estabilidad dado que los precios que se utilizan para la energía son los de las cotizaciones de los futuros, con alzas de precios más
paulatinas. Dicho esto, ha aclarado que el encarecimiento de la luz no es algo exclusivo de España, ya que está ocurriendo en el resto de países del entorno.
En cuanto a las energías renovables considera que son "una oportunidad" para avanzar en la generación de tecnología y de empleo si se hacen las cosas bien, aunque ha apuntado que cualquier programa de descarbonización debe incluir a todos los sectores.
Las ejecutiva ha apuntado seis retos de la transición energética en su intervención. Destacó el de llevar a cabo una reforma fiscal ambiental que equipare la fiscalidad de cada sector energético y garantice un terreno de juego equivalente, puesto que, aclaró, la electricidad soporta más impuestos que el gas o la gasolina.
"Creo que si se pretende incentivar el uso de la electricidad verde es absolutamente necesario abordar una reforma fiscal que equipare la fiscalidad en cada sector energético", declaró, para añadir que el anteproyecto de ley que establece la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico supone "un primer paso en la buena dirección".
De esta forma, lo primero es realizar una reforma de la fiscalidad energética que permita "un terreno justo", de acuerdo con el impacto ambiental de los diferentes sectores.
Además, cree necesario acelerar la apuesta por las energías renovables, equilibrar el sistema eléctrico, invertir en redes y digitalización, incentivar la inversión en I+D y descarbonizar el transporte.
Sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien ha acordado la imputación del presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán y de tres directivos, el número dos y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el ex jefe del Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo, por un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo, la directiva ha optado por no contestar a las preguntas de la prensa.