La Audiencia llama a declarar al presidente de la CNMV por el caso del Popular
Buenaventura debe aclarar el 8 de julio la gestión de los hechos relevantes que publicó el banco en abril de 2017
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado para el próximo 8 de julio al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, que comparecerá como testigo en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular.
El titular del juzgado central de Instrucción número 4 cree oportuna en una providencia la declaración de Buenaventura para que aclare la gestión de los hechos relevantes que publicó el banco en abril de 2017, ya que, por entonces, era el máximo responsable de la Dirección General de Mercados del organismo.
El juez se refiere a la comunicación enviada por el Popular, ya con Emilio Saracho al frente de la entidad, el 3 de abril de ese año, dos meses antes de la resolución, en la que se informaba de la reexpresión de las cuentas del ejercicio anterior, lo que aumentó las pérdidas a 3.611 millones de euros.
Se le preguntará también por los diversos informes emitidos por la CNMV en relación con el Popular, por lo que podrá consultar toda la documentación que estime oportuna una vez que aporte sus respectivas copias al juzgado. El escrito del juez requiere además al Banco Sabadell para que a lo largo del día remita los documentos "sin tachaduras" sobre su participación en el "virtual data room" o base de datos habilitada para que las entidades interesadas en el Popular pudieran tener acceso a información.
Al margen de estos trámites, el juez Calama aún tiene que pronunciarse acerca de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que la pasada semana solicitó que la investigación se prorrogara seis meses. Desde la asociación de consumidores Adicae, que ejercen acusación en esta causa, ven lógica la intención de la Fiscalía, aunque lamentan el retraso de un proceso "que desde el principio se intuía complejo".
La agrupación prevé una cascada de informes en las próximas semanas "que confirmará los indicios de delito que los cuatro años de procedimiento penal ya están sacando a la luz". La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El magistrado abrió entonces dos piezas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016. La segunda, en cambio, versa sobre los 108 días de mandato de Saracho, y se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
