Un acuerdo fiscal histórico que ahora debe convertirse en una regulación efectiva

El pacto del G-7 sobre Sociedades constituye un paso adelante inédito en materia tributaria, pero el verdadero reto es desplegar esa voluntad política sobre el terreno

Tras diez años de debates infructuosos, especialmente intensos en el seno de la UE, las primeras economías del mundo han acordado impulsar un Impuesto sobre Sociedades global con el fin de neutralizar el daño que provoca la ingeniería fiscal de las grandes multinacionales –especialmente de las tecnológicas– en las arcas públicas. Los ministros de Economía y Finanzas del G7 (Reino Unido, Alemania, EE UU, Francia, Canadá, Italia y Japón) cerraron el sábado un pacto que propone un tipo mínimo global societario del 15% como forma de impedir a estas grandes compañías tributar con los pies. Se trata sin duda de un acuerdo histórico, aunque su adopción no ha sido una sorpresa de última hora. La carta publicada el viernes a favor de la medida en The Guardian, firmada por la ministra Nadia Calviño, junto a sus homólogos de Italia, Alemania y Francia, hacía prever un desenlace fructífero en las negociaciones.

La iniciativa adoptada por el G7 resulta especialmente importante para las arcas públicas de las economías europeas, exhaustas por los gastos derivados de la pandemia y altamente endeudadas. Los cálculos de Bruselas cifran en 70.000 millones de euros anuales el agujero que provocan en las finanzas comunitarias las distintas formas de elusión del Impuesto sobre Sociedades. El grueso del problema recae sobre las grandes compañías tecnológicas, cuya capacidad para buscar los territorios más favorables a la hora de pagar su factura fiscal se ha convertido en el gran dolor de cabeza de las Haciendas públicas y de las instituciones comunitarias. El pasado abril, el Parlamento Europeo propuso que si la OCDE fracasaba en su intento de adoptar una tasa Google, Europa debería apostar por establecer un tipo armonizado en Sociedades. El pacto alcanzado en la reunión del G7 supera esa propuesta, ya que cuenta con la adhesión de EE UU, lo que cambia sustancial e históricamente el panorama de las negociaciones.

Pese a todo lo anterior, el camino hacia la armonización fiscal globalizada en materia societaria no ha hecho más que empezar. Tras el acuerdo alcanzado en Londres, resta todavía fijar una posición común en las conversaciones que se están llevando a cabo actualmente en el seno del G20 y en la OCDE. Aunque esta última prevé alcanzar un acuerdo global vinculante entre junio y julio de este año, no es la primera vez que la agenda del organismo se frustra o se retrasa indefinidamente. Aunque el acuerdo del G7 constituya un paso adelante inédito en materia tributaria, el verdadero reto es lograr aterrizar esa voluntad política de forma efectiva para poder convertirla en una regulación internacional concreta y capaz de meter en cintura los excesos de la optimización fiscal.