Garanticemos la rehabilitación energética a las rentas más bajas

Los incentivos fiscales que ha anunciado el Gobierno deberían articularse mediante ecobonos, un modelo de éxito en Italia

El plan que ha presentado el Gobierno para destinar 6.820 millones de euros a la rehabilitación de viviendas con financiación procedente de los fondos europeos es una excelente noticia. No lo es menos, pendientes aún de poder entender su diseño final, el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre los incentivos fiscales con deducciones en el IRPF de hasta el 60% de las cantidades que inviertan los particulares en obras para mejorar la sostenibilidad de su vivienda.

Pero la medida ganaría efectividad y alcance si se contemplaran estas bonificaciones fiscales a través de ecobonos, con los que el reconocimiento de esa desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en la renovación energética pueda transferirse a inversores que financien la obra y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos. Con ello se consigue aligerar significativamente el peso de la inversión para el particular, que puede disponer de los fondos anticipadamente en lugar de esperar a obtener su compensación como deducción futura del impuesto de la renta.

Hablamos de implantar un mecanismo que garantizaría una transición justa, haciendo accesible la rehabilitación energética de hogares y edificios a las rentas bajas, ya que el sistema de deducibilidad fiscal inicialmente planteado parece solo aprovechable por las clases media y alta, que son las que podrían financiar directamente tales proyectos.

A esto se suma que, en el modelo de ecobonos, la pérdida de recaudación por el crédito fiscal se compensa ampliamente con una mayor recaudación por la vía de impuestos indirectos, el impulso a la actividad económica del país y el aporte de importantes contribuciones sociales dada la enorme cantidad de puestos de trabajo y flujo de tráfico mercantil que crea, especialmente en el entorno pyme.

Extrapolar a España este modelo que ya ha demostrado un gran éxito en Italia (bajo nombre ecobonus) sería un paso importante en el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para lograr su objetivo de crear un entorno favorable para la realización de actuaciones de rehabilitación por parte de empresas y particulares a través de una mejora del marco regulatorio y fiscal de la actividad de rehabilitación orientada a alcanzar los retos marcados por el Plan de Recuperación y Resiliencia.

Con el nuevo anuncio del Gobierno se apoya claramente la rehabilitación integral de viviendas. El programa plantea subvenciones y deducciones tanto a nivel de barrio como de edificio y vivienda, así como ayudas a las comunidades autónomas para instalar oficinas de rehabilitación que atiendan a los vecinos interesados en llevar a cabo una rehabilitación. Sin embargo, ni las cantidades para las subvenciones ni las ayudas fiscales recién hechas públicas son suficientes para cubrir las necesidades reales.

Unas ayudas fiscales que, además, plantean problemas de plazo (se monetizarían al año siguiente de incurrir en la inversión), y adjudicación (especialmente en comunidades de propietarios), que puede dilatarse en el tiempo por su complejidad dada la amplia variedad de estructuras jurídicas que pueden ostentar la propiedad y posesión de cada inmueble.

Actualmente no existen en el mercado español productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste de un proyecto de rehabilitación integral, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala. Esa ausencia de instrumentos eficientes de financiación y la incertidumbre sobre la consecución real de los ahorros estimados son importantes barreras para que los propietarios, especialmente los de rentas más bajas, se decidan a acometer los necesarios proyectos de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética.

El modelo de ecobonos, además de beneficios implícitos para propietarios y gestores inmobiliarios, para el sector de la renovación energética y para las administraciones públicas, promueve el empleo y proporciona a los inversores acceso en volumen y escala a proyectos fiables y certificados técnicamente, con un gran loan-to-value, que califican dentro de la taxonomía UE como financiación verde, con rentabilidades a largo plazo muy interesantes.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, sobre todo a los de menor poder adquisitivo, y enfocar las ayudas públicas a las situaciones de mayor necesidad. Para contextualizar el reto económico para el ciudadano al que nos referimos, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, supera fácilmente los 300.000 euros. El impacto que tiene la eficiencia energética en cuanto al agravamiento de la pobreza y los problemas de bienestar social es enorme. El gran escollo para avanzar a la velocidad necesaria en rehabilitación energética ha sido y es la financiación; sería necesario crear un marco regulatorio global que permita la colaboración público-privada para multiplicar la capacidad de los recursos públicos en rehabilitación energética, porque los recursos públicos no son suficientes.

Hay que apostar porque las subvenciones y ayudas se dirijan mayoritariamente a financiar los proyectos de rehabilitación de las rentas más bajas y por crear un marco regulatorio que permita la colaboración público-privada para multiplicar la capacidad de los recursos públicos en rehabilitación energética.

Eduardo Brunet es fundador y CEO de Greenward Partners