El Gobierno ajustará la retribución de las energías hidráulica y nuclear y el sector sufre en Bolsa

Endesa se lleva la peor parte con un descenso del 5,7% mientras las acciones de Iberdrola y Acciona recortan un 2,7%

Torres eléctricas.
Torres eléctricas.

El plan del Gobierno para frenar el exceso de retribución que las energéticas consiguen por la electricidad que generan con sus nucleares y centrales hidráulicas [cuyas obras ya están amortizadas] ha sacudido este lunes la Bolsa.

En concreto, Endesa, Iberdrola y Acciona han sido las empresas más castigadas en el Ibex 35 por el anuncio de esta medida, que prevé llevar este martes en forma de anteproyecto de ley el Ministerio para la Transición Ecológica al Consejo de Ministros. Los títulos del grupo dirigido por José Bogas, que es el primer operador de energía nuclear en España, se han llevado la peor parte del selectivo, con una caída del 5,71%, para cerrar en los 22,3 euros y dejarse casi 1.430 millones de euros de capitalización.

Por su parte, Iberdrola, con importantes activos en hidráulica y en nuclear, ha retrocedido un 2,74%, hasta los 10,99 euros, y perdiendo casi 1.990 millones de euros de valor. También ha sufrido un importante revés Acciona, con un descenso del 2,68%, hasta los 138,1 euros por acción, para ver mermada su capitalización en casi 210 millones de euros. El valor que mejor ha aguantado dentro del sector el castigo fue Naturgy, en plena opa parcial lanzada por el fondo australiano IFM. Apenas ha retrocedido un 0,19%, hasta los 21,43 euros.

Esto se produce tras conocerse que el Ejecutivo tiene avanzado un mecanismo para atajar la sobrerretribución que percibe en el mercado mayorista la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005, que se traducirá en una reducción de la factura al consumidor.

Con ello, se abrirá paso a la reforma del mercado eléctrico con la eliminación de los conocidos como beneficios caídos del cielo (windfall profit, en inglés) para estas tecnologías del mix energético, que estaba incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera sostienen que su iniciativa busca “acompañar a la industria y a los consumidores domésticos evitando un encarecimiento del sistema que no se corresponde íntegramente con un incremento de los costes reales de la energía que consumen”.

Y desde el Gobierno apuntan a que los cambios que se operarán podrían suponer que la factura se reduzca alrededor de un 5%. El anteproyecto de ley que previsiblemente se aprobará este martes será para la “minoración de parte del dividendo de carbono a las plantas no emisoras, previas al 2005, que vendan energía en el mercado”.

De este modo, con este anteproyecto normativo, las eléctricas tendrán que repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO2 para estas dos modalidades de generación, por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista. De esta forma, su situación será análoga a las condiciones que ya tienen las plantas gasistas. La propuesta respetaría el marco normativo europeo y sería similar al existente entre 2006/2009, con la minoración de una parte del dividendo del CO2 a plantas no emisoras previas a 2005 que vendan energía en el mercado.

La previsión es que, en función de los precios actuales por la emisión de CO2 de unos 50 euros por tonelada, dicha minoración (en caso de ser total) tendría un impacto de al menos 1.000 millones. No obstante y en un escenario de un coste de 100 euros por tonelada de CO2, se alcanzarían los 2.100 millones, aunque esos niveles se consideran improbables.

Ganan las pymes

Según fuentes citadas por Europa Press, la eliminación de estos beneficios caídos del cielo repercutirá a los consumidores particulares y a las pequeñas y medianas empresas. Además, supondrá un incentivo para que las compañías del sector “desplacen” su “tejido productivo” hacia las renovables e ir dejando atrás las tecnologías vinculadas a combustibles fósiles. A su vez, la intención es que el 10% de esa cantidad que se minorará de los llamados beneficios caídos del cielo irá a parar a un mejorado bono social, que ayudará a unos 300.000 consumidores vulnerables.

Según fuentes gubernamentales, se ha optado por este mecanismo, que “jurídicamente está muy armado”, tras llegar al convencimiento de que el actual momento requería “avanzar en medidas de alto fondo” en el sector eléctrico.

De su lado, fuentes del mercado explican a CincoDías que cualquier propuesta de poner un techo a la retribución nuclear e hidroeléctrica tendría que aprobarse en Bruselas, “donde no será simple justificar la penalización de estas tecnologías no emisoras”. Las mismas fuentes advierten de que dicha medida introduciría una limitación de su competitividad.

El Gobierno abordará dicha reforma el mismo día en que entra en vigor la nueva factura eléctrica, que tiene como fin fomentar el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico.

La patronal de las grandes eléctricas en Europa muestra preocupación

El secretario general de la patronal de las grandes eléctricas europeas (Eurelectric), Kristian Ruby, ha mostrado su preo­cupación ante una posible “intervención” del Gobierno español en el mercado eléctrico y ha advertido de que podría “envenenar la confianza de los inversores”.

En declaraciones a S&P GlobalPlatts, Ruby ha destacado que esta posible intervención del Ejecutivo español “preocupa altamente al sector eléctrico”, en referencia al riesgo de que el sector viva un escenario similar al que se produjo en el pasado de recortes a la retribución a los proyectos energéticos de cero emisiones. Desde el pasado mes de enero y con la tensión sufrida en el precio de la luz por el paso de Filomena en la segunda semana de ese mes y la ola de frío en la tercera, que llevó a un episodio coyuntural de subidas alcanzando niveles récord, la reforma del mercado eléctrico volvió a convertirse en tema de debate entre los socios de Gobierno.

El Ejecutivo también estudia una nueva “pequeña tasa o aval” a la tramitación de proyectos renovables, ante el “aluvión” de solicitudes recibidas, que multiplican por diez los objetivos a 2030.

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