Apostar por mercados con seguridad jurídica para exportar

La apuesta por la internacionalización empresarial como una de las piezas clave del plan de recuperación no es solo un acierto, sino una necesidad ineludible

La internacionalización empresarial no solo ha posibilitado el crecimiento y diversificación de las grandes cotizadas españolas, sino que ha ejercido de potente motor de actividad en momentos de recesión económica, como ocurrió durante la última gran crisis. Ello explica que sea una de las vigas maestras del Plan de Recuperación que España ha remitido a Bruselas. La intención del Gobierno es movilizar 4.500 millones de euros a través de un plan de ayudas a nuevos proyectos empresariales, focalizado en mercados de América Latina y, particularmente, en Argentina. El programa quiere centrarse especialmente en las pymes y hacer de ellas “nuevos exportadores que abran nuevos mercados”, un objetivo para el que se concederán inyecciones europeas, ayudas a fondo perdido e inversiones para la digitalización.

La apuesta por la internacionalización empresarial como una de las piezas clave de la recuperación no es solo un acierto, sino una necesidad ineludible. Es cierto que el estallido de la pandemia y la profunda crisis que ha desatado en la mayor parte de las economías ha evidenciado la fragilidad de las cadenas globales de valor y acelerado su repliegue. Pero ese escenario adverso, que irá suavizándose a medida que retroceda la pandemia, se ve aminorado por nuevos factores, como la firme apuesta por la digitalización que ha emergido de la crisis y su efecto en los costes y la agilidad de las transacciones. Los datos apuntan también a que la base exportadora española, formada por compañías que han vendido al exterior al menos durante cuatro años consecutivos, no ha sufrido grandes daños desde la irrupción del Covid-19. Ello constituye una prueba de la solidez de España como economía abierta, con unas exportaciones que equivalen el 35% del PIB y un stock de inversiones directas exteriores que llega casi al 50%.

Quizá el elemento más discutible de la iniciativa del Gobierno sean los objetivos geográficos que contiene el plan. Aunque es indudable el papel que ha jugado Latinoamérica en la consolidación exterior de muchas empresas españolas, hay que recordar también las dificultades en términos de seguridad jurídica y de arbitrariedad política que han tenido que afrontar en ese proceso, como ocurrió, por ejemplo, con Repsol e YPF, precisamente en Argentina. Ese clima incierto ha llevado en más de una ocasión a las cotizadas a exigir “reglas claras, sin trabas burocráticas y con marcos estables para las inversiones”. Parecen, todas ellas, razones suficientes para revisar el mapa geográfico de las ayudas y aumentar en el tablero el peso de mercados maduros y más estables jurídica y políticamente.