La normativa europea SFDR impulsa la inversión ASG y su divulgación a inversores

La crisis ha demostrado la mayor resiliencia y rentabilidad que se obtiene al integrar criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo

Si el Covid ha servido como impulsor de la inversión ASG, la nueva normativa de la Unión Europea, que entró en vigor el pasado 10 de marzo, le ha dado un empujón definitivo. Aunque los inversores parecían resistirse a la integración de la ASG en los procesos de inversión, la reciente crisis ha demostrado su mayor resiliencia y, sí, también su mayor rentabilidad. Recordemos que la inversión ASG integra factores ambientales, sociales y de gobernanza en el análisis, selección y gestión de riesgo de las carteras de activos.

El nuevo Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenible (SFDR por sus siglas en inglés) establece las normas armonizadas sobre transparencia que deberán aplicar los participantes en los mercados, en relación con la integración de los riesgos de sostenibilidad y el análisis de las incidencias adversas en materia de sostenibilidad en sus procesos y la información en materia de sostenibilidad respecto de productos financieros. Afecta por tanto a empresas como a entidades o países emisores de activos cotizados, gestores de fondos, pensiones y carteras, aseguradoras, entidades de crédito y a los asesores financieros, tanto independientes como no independientes.

El nombre del reglamento hace referencia directa a la divulgación. La información ha de estar disponible para los inversores y los grados de cumplimiento con la inversión ASG, o los riesgos que su no cumplimiento podrían tener asociados, deber ser medibles y comparables.

En el caso de las instituciones de inversión colectiva, teniendo en cuenta la gran diversidad de políticas de inversión socialmente responsable y para evitar publicidad engañosa en los mensajes publicitarios, las entidades habrán de insertar la siguiente mención: ‘Consulte en el folleto informativo los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del Fondo o Sociedad’, y se hará una referencia a las cuestiones fundamentales que definen la política ISR de la IIC, según comunicado público en la página de Inverco.

El folleto se sitúa así como el documento de referencia clave en cuanto a la integración de los factores ASG en el proceso inversor. Un punto de referencia que ha servido para que algunos difusores de información recopilen y difundan esta información, de forma que los fondos y sus diferentes compartimentos puedan quedar identificados como integradores de al menos uno de los tres pilares ambiental (A) social (S) o de buen gobierno (G) o de los tres en su conjunto (ASG).

En base a la política de inversión que se declara en la documentación legal, pueden definirse los criterios ambientales (A) como los relacionados con el cuidado y protección de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, la gestión de residuos y materiales peligrosos, el impacto directo o indirecto sobre el medio ambiente y el cumplimiento de convenciones internacionales sobre el medio ambiente. En el caso de los criterios sociales (S) incluyen los que promueven el cumplimiento de los derechos humanos, incorporan los derechos laborales, la igualdad o la lucha contra la discriminación, el bienestar del consumidor, el diálogo social y las cuestiones que inciden en la comunidad, como salud o educación. En cuanto al buen gobierno corporativo (G) se refieren a la implantación de códigos éticos en la empresa, la lucha contra la corrupción, en favor de la transparencia y rendimiento de cuentas, diversidad e inclusión y calidad de la gestión y la administración de la empresa.

Cuando se combinen dos de estos pilares, por ejemplo, ambientales y sociales (AS), se invierte siguiendo ambos criterios, aunque no tiene por qué ser en los mismos términos, ni en la misma proporción. Igual sería en el caso de que se incluyeran los tres criterios, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ASG).

También pueden encontrarse en los folletos las estrategias seguidas para lograr el objetivo de cumplir con los criterios ASG, que pueden ser cambiantes y no excluyentes. Entre las más relevantes encontramos la estrategia de 1) exclusión, que excluye inversiones en actividades o sectores considerados controvertidos; la de 2) integración, que incorpora criterios ASG en el análisis financiero tradicional y la 3) best-in-class, que selecciona en cada sector las de mejor calificación en términos de ASG, sin excluir ningún sector o tipo de actividad.

En la estrategia 5) temática (o de impacto), se seleccionan empresas e inversiones vinculadas a temáticas como ODS (objetivos de desarrollo sostenible), personas, planeta, prosperidad, paz o alianzas. En concreto, la estrategia 6) ODS hace referencia a inversiones ligadas a uno o varios de los objetivos de desarrollo sostenible integrado en el programa de Naciones Unidas, entre otras: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Por último, la estrategia de 7) proxy voting adopta una política activista de votación en los consejos de administración, coincidente con los principios A-S-G.

Según nuestros datos, en España hay un total de 1.052 IICs, o compartimentos de fondos, que siguen alguna de las estrategias mencionadas más arriba. De esta cifra, 64 corresponden a fondos nacionales y 988 a fondos internacionales. En ASG, el número de IICs que cumplen con alguno de los pilares o sus combinaciones es de 853, de los que 800 cumplen con los tres (ASG), 36 con los ambientales (A) y 17 con los ambientales y sociales (AS).

En las estrategias, la más ampliamente aplicada es la de exclusión con 595 compartimentos de fondos, 517 en el caso de la de integración y 186 la de best-in-class, correspondiendo 165 a la de proxy voting. En temáticas, planeta (15) y prosperidad (12) son las más aplicadas por las IICs, mientras que en el caso de los ODS son un total de 50.

Faltan todavía por definir con claridad algunos términos, pero los compromisos respecto a la transición energética por parte de los gobiernos y la nueva normativa continuarán impulsando este nuevo aspecto del proceso de inversión que, con el tiempo, estará tan integrado en el propio proceso como pueda estarlo actualmente la gestión del riesgo.

Paula Mercado es Directora de Análisis de VDOS